El Gobierno peruano anuncia drásticas sanciones tras muertes en McDonald’s

EFE

El Gobierno de Perú anunció este jueves que se aplicarán «las más drásticas sanciones» a los responsables de la muerte de dos jóvenes trabajadores de uno de los establecimientos de la cadena de comida rápida McDonald’s en Lima.

Tanto el presidente Martín Vizcarra como la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, manifestaron su solidaridad con los familiares de Gabriel Campos, de 19 años, y Alexandra Porras, de 18 años, dos trabajadores que este domingo murieron en uno de los locales de la trasnacional y remarcaron que el caso será investigado a fondo.

«No podemos permitir que ocurran este tipo de accidentes y que no pase nada, y que al final todo se traduzca en una multa», enfatizó Vizcarra antes de anunciar que el tráfico suceso fue revisado durante la sesión del Consejo de Ministros de este miércoles.

CAMBIOS EN LA LEY

Vizcarra detalló que ha pedido a los ministros de los sectores involucrados en el tema laboral y de derechos que hagan un análisis adicional del alcance de las normas vigentes porque, según dijo, «no es suficiente decir ‘vamos a aplicar la ley'».

«Debemos ser autocríticos como sociedad. Si las leyes son insuficientes para sancionar de manera firme a las empresas que ocasionan tragedias, estas deben de modificarse», enfatizó el gobernante en declaraciones ofrecidas en la ciudad norteña de Piura.

Tras reiterar que se necesitan «herramientas oportunas para atender a las familias y corregir con acciones concretas a las empresas que comenten faltas graves», Vizcarra anunció que para la próxima semana se harán «unas propuestas para que se puedan evitar en el futuro este tipo de situaciones».

DRÁSTICAS SANCIONES

Tras reunirse este jueves con los representantes legales de McDonald’s en el país, la ministra Cáceres declaró que se ha ordenado que las investigaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) sean muy exhaustivas para poder sancionar a los responsables.

«Las familias de los jóvenes que hemos perdido, Alexandra y Gabriel, tienen que tener la seguridad de que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Las sanciones que se van a imponer serán las más drásticas», enfatizó.

Cáceres, quien el miércoles fue criticada por políticos y medios locales tras señalar que las investigaciones son reservadas y se desarrollarán en un plazo máximo de 30 días, agregó que la Sunafil coordina con el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Tras pedir a todos los empleadores del país que sean «más estrictos» en sus controles de seguridad para evitar accidentes laborales, remarcó que el informe que emitirá Sunafil cuando terminen las investigaciones será público y no les «temblará la mano para imponer sanciones».

UNA NUEVA TRAGEDIA LABORAL

Las muertes de Gabriel Campos y Alexandra Porras, dos jóvenes de clase humilde que eran pareja desde el colegio, han causado honda conmoción en Perú, donde han sido el último episodio de los casi 200 accidentes de trabajo mortales registrados desde que comenzó 2019.

Los jóvenes murieron tras presuntamente sufrir una gran descarga eléctrica en plena madrugada del domingo cuando limpiaban las instalaciones del local de la famosa hamburguesería en el distrito limeño de Pueblo Libre.

El caso llevó a McDonald’s a cerrar todos sus locales en Perú durante dos días, en señal de duelo, pero generó mayor polémica cuando la empresa se refirió a las víctimas como «colaboradores» en lugar de trabajadores, un término con connotaciones que debilitan el vínculo laboral entre empleador y empleado.

Durante esta semana la indignación ciudadana se tradujo en protestas contra varios locales de la empresa, entre ellos en el distrito limeño de Miraflores, y en la norteña Trujillo, donde otro establecimiento apareció con pintadas de «asesinos» en su fachada.

De demostrarse que se incumplieron las normativas de seguridad y salud, la cadena de comida rápida deberá pagar una multa de 189.000 soles (unos 56.000 dólares), una cantidad independiente de las indemnizaciones que puede fijar un tribunal si el caso llega a juicio tras las investigaciones de la Fiscalía.