Abogada Lilia Camejo: «Nos preocupa traslado de militares activos a cárceles comunes» - 800Noticias
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La directora de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Camejo, manifestó su preocupación por el traslado de presos políticos a cárceles que albergan delincuentes en Venezuela, según decreto publicado en Gaceta Oficial por la administración de Nicolás Maduro y denunciado por varios exdiputados de la Asamblea Nacional electa en 2015.

Está organización representa al menos a 140 militares venezolanos privados de libertad, en su mayoría, recluidos en Ramo Verde. Aclara que funcionarios castrenses de otro grupo minoritario que se encuentran en Fuerte Tiuna, la Dgcim y el Sebin, se habrían comunicado con sus familiares para confirmar su traslado a cárceles comunes: “No es cierto que los hayan trasladado a todos, pero sí se vienen haciendo traslados, desde hace dos o tres semanas, de al menos 30 de ellos”, confirmó durante una entrevista con el periodista Sergio Novelli por VPItv.

«En el caso de Justicia Venezolana, que atendemos a presos políticos militares, manifestamos nuestra preocupación por el traslado de oficiales activos que se encuentran privados de libertad en estos dos cuerpos de seguridad del estado (Sebin y Dgcim)”, aseveró.

“Consideramos que no es apropiado el traslado de militares activos a cárceles comunes donde hay un hacinamiento y además riesgo por covid, por lo que tendrán que tener varios días de aislamiento. El decreto salió hace días pero los traslados vienen ocurriendo desde hace varias semanas”, remarcó.

“Los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo el FAES, no son recintos para que las personas privadas de libertad permanezcan por un largo tiempo, no criticamos el descongestionamiento porque esos lugares no están acondicionados para albergar presos, además, porque no cuentan con las medidas de seguridad. Es acertada la decisión de descongestionar estas sedes pero oficiales activos no deben ser trasladados a cárceles comunes”, insistió.

Adelantó que acudirán a los organismos competentes, como el Ministerio Público y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, para solicitar revaluar la medida que atenta contra la integridad de sus defendidos. Proponen medidas cautelares, como el arresto domiciliario, por el tema covid, para que sigan afrontando sus procesos en casa o su traslado a cárceles militares, donde les correspondería estar, no en cárceles con presos comunes.

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