Un Mundo Sin Mordaza: Providencia administrativa afectará todos los derechos que atienden las ONG
800Noticias | @CrisbelVarela
Desde Un Mundo Sin Mordaza consideran que la providencia sobre terrorismo contra las ONG que las obliga a revelar sus beneficiarios afectará todos los derechos humanos que atienden, además de la libertad de expresión con la ley para regular redes sociales.
«Un Mundo Sin Mordaza cree fervientemente que el uso de las instituciones judiciales y de seguridad del Estado para perpetrar detenciones, amenazas y hostigamientos a los ciudadanos al momento de expresar libremente su opinión o acceder oportunamente a la información, no solo es una clara violación a los Derechos Humanos, sino que plantea una conducta continuada y sistemática del Estado en ignorar las recomendaciones que nuestra organización, y demás organizaciones e instituciones de rango nacional e internacional, han desarrollado con el propósito de llamar al respeto y garantía de los derechos de los ciudadanos», señaló Enrique León desde la asistencia legal de la ONG.
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Un Mundo Sin Mordaza considera que rechazar la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, publicada en Gaceta Oficial 42.098 del 30 de marzo de 2021, es algo que concierne a toda la población y no únicamente a las ONG en vista de las consecuencias que podría generar.
“Esta providencia administrativa afectará a todos los derechos que atienden las ONG, entre ellos, pero no únicamente la Libertad de Expresión. Las consecuencias de lo anterior serán que al no poder documentar, difundir y denunciar lo que sigue ocurriendo en Venezuela se perderá la memoria histórica de lo que está ocurriendo y con ello la posibilidad de hacer justicia en el futuro para las víctimas de las detenciones arbitrarias, asesinatos, cierres de medios, entre otras”, alertó.
“Nuevamente llamamos al Estado a desarrollar mecanismos de control e inspección eficientes de sus funcionarios públicos y cuerpos de seguridad, así como el establecimiento de políticas públicas que ayuden a promover y garantizar la libre expresión en el país, con el objetivo de detener inmediatamente las persecuciones a periodistas y civiles en el ejercicio de sus derechos”, sentenció la ONG.
Según lo estimado por la administración de Nicolás Maduro y que rechazan más de 600 organizaciones de la sociedad civil, estas deberán registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo a partir del 1 de mayo, presentar los nombres de sus integrantes, sus fuentes de financiamiento y movimientos bancarios, así como una lista de sus organizaciones asociadas.
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