Alerta | Regular las redes sociales sería otro golpe contra la libertad de expresión
800Noticias | @CrisbelVarela
Como un efecto dominó las violaciones a libertad de expresión se suman al conglomerado de vulneraciones consideradas violaciones a los derechos humanos.
Desde detenciones arbitrarias por expresar malestar ante el colapso de servicios básicos en el país, sanciones e intimidaciones a periodistas por informar sobre la pandemia, hasta arrestos por escribir en redes sociales y bloqueos a páginas web de noticias, son parte del escenario que atraviesa Venezuela y que deja a la libertad de expresión y al derecho a la información en la cuerda floja de la incomunicación.
Solo en marzo de 2021 la ONG Espacio Público registró 18 casos que engloban 47 violaciones a la libertad de expresión distribuidas en censura, intimidación, detenciones y restricciones administrativas.
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Desde el 2017 la administración chavista habla de regular las redes sociales para “evitar mensajes de odio”. Hoy da un paso más con la ley de la que habló recientemente Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro.
El funcionario informó el pasado mes de marzo que presentará el proyecto ante la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2020, en respuesta a la suspensión temporal de la cuenta de Facebook de Maduro por difundir información sobre el Carvativir, fármaco no avalado por la sociedad científica para combatir el Covid-19.
“Decidimos que todo el Gabinete Ejecutivo apoyará las 34 leyes que conforman el Plan Legislativo 2021. Aquí se va a agregar un capítulo especial para las redes sociales y la responsabilidad social de las redes sociales en territorio venezolano. Pendiente y mosca todo el mundo”, expresó Maduro en una transmisión por Venezolana de Televisión haciendo referencia a un proyecto para la reforma parcial de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte), y la creación de la denominada Ley de Ciberespacio.
Ante las violaciones a la libertad de expresión y lo que depara en esta materia para los venezolanos y los medios de comunicación, el profesor y periodista León Hernández, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y coordinador del Observatorio Venezolano de Fake News, resalta que aunque el contenido de la ley reguladora no ha trascendido a la opinión pública, ya existen detenciones y restricciones.
Dijo que ahora se espera más mordaza para efectos de evitar las críticas contra el chavismo.
“Está el plan de regular las redes sociales, está la sanción impuesta a El Nacional, está el plan de regular las ONG por una supuesta ley de antiterrorismo. Estos son capítulos nuevos en el devenir de leyes, como la ley contra el odio y afines, que han generado un cerco a la libertad de expresión, unas restricciones que cada vez se acentúan más para administrar y deshabilitar a la ciudadanía y la comunidad venezolana de críticas al régimen de Nicolás Maduro”, explicó Hernández durante una entrevista para 800Noticias.
El periodista añadió que “el clima de la pandemia genera mayor vulnerabilidad a la libertad de expresión y así es todavía más difícil organizar protestas. Las personas por lo general quedan solas ante un Estado que imprime presión, detienen a personas por tuits, informaciones de redes sociales, sin necesidad del proyecto de ley cuyo contenido no ha trascendido a la opinión pública y se ve que en este sentido la pandemia colabora bien, porque genera menos movilidad ciudadana y mayor capacidad de coerción”.
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Para Hernández Venezuela se encuentra ante un “un Estado que con la excusa del covid puede atemorizar más a la población y generar mayor coerción social bajo la premisa de medidas que tienen que ver con la seguridad, pero también las limitaciones de las libertades”.
El investigador comentó que desde el año 2007 se comenzó a ver el bloqueo por parte de La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) hacia medios de comunicación con páginas web de noticias y ahora no se le ve fin. “Esto es parte de la campaña o acciones para restringir el libre flujo de información (…) Lamentablemente mientras esta política comunicacional continúe seguirán bloqueadas”, agregó.
Conatel se ha encargado de bloquear distintas páginas web de noticias como Efecto Cocuyo y El Pitazo, lo que Andrés Cañizález, periodista, investigador y director de Medianálisis considera una violación total del libre acceso a la información.
“Sin duda constituye un acto de censura y se le está restando a la población la posibilidad de acceder libremente a información”, expresó sin dejar de considerar la ley para regular redes sociales de la que habla Ñáñez.
“Con el historial de antecedentes que tiene el gobierno de Maduro y antes el de Chávez, es decir, cuando uno mira el historial de estos gobiernos y que son estos voceros oficiales los que dicen que van a regular las redes sociales, obviamente uno cree que tiene razones para estar atemorizado de que podamos estar en presencia de (…) una ley más restrictiva”, mencionó.
“En la experiencia que hemos tenido, estamos hablando de un acumulado de 20 años y entonces uno puede predecir a partir de lo que ha sido la experiencia previa en Venezuela que cuando el gobierno dice que hay que regular las redes sociales en realidad nos está diciendo que hay que controlar (…) Ya en Venezuela hemos tenido antecedentes de cómo, por ejemplo Youtube, ha sido tumbado cada vez que Guaidó lo usaba o de personas que se han llevado presas por tuitear, por usar las redes. Yo, francamente, con la experiencia que tenemos de lo que ha sido la práctica de gobierno no tengo expectativas de que la regulación (…) facilite la libertad de expresión sino que por el contrario creo que van a incrementar las restricciones”, agregó Cañizález.
De los primeros tres meses del año, según datos de Espacio Público, marzo fue el que más registró violaciones a la libertad de expresión. En enero, como se observa en la gráfica a continuación, se generaron 30 violaciones, le sigue febrero con 38 y marzo en 47.
Con los registros de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela sobre las violaciones a la libertad de expresión, el panorama no se ve alentador a corto plazo para Cañizález, también profesor de la UCAB y doctor en Ciencias Políticas.
“Estamos en un contexto muy adverso, sin duda alguna. No tenemos expectativas de que haya justicia en el corto plazo, pero yo creo que es importante que haya un registro, una documentación de lo que está ocurriendo y es allí donde veo clave el papel de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, gremios de periodistas o de abogados. Me parece muy importante que se lleve un registro, que se deje constancia de eso que está ocurriendo sin probablemente tener expectativa de que ese Estado, que es el responsable de las violaciones haga justicia en el corto plazo”, dijo a 800Noticias.
Venezuela entre los países donde el periodismo está en una “situación difícil”
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) elaboró un informe sobre la libertad de prensa en 180 países o territorios, donde Venezuela se posiciona para la fecha, en el lugar 148 de la lista.
El país se mantiene entre los territorios en los que actualmente el periodismo está en “una situación difícil”, alertaron.
“Hemos perdido la prensa escrita en Venezuela, paulatinamente se han ido cerrando emisoras de radio, la televisión nacional sigue en pie pero está totalmente cortada, controlada (…) la televisión abierta en Venezuela no ofrece información”, recuerda el periodista Cañizález, indicando que en este sentido las redes sociales han funcionado como un espacio no solo para que los ciudadanos se expresen, sino también para que se informen.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este 21 de abril en un informe que en Venezuela hay “una dictadura implacable” que considera al periodismo independiente un enemigo permanente y resaltaron que, “al menos”, ocho estaciones de radio han sido sacadas del aire, destacando que el uso de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) “regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva”.
El chavismo hace caso omiso a los informes de la ONU
El pasado 11 de marzo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó preocupación por los “crecientes signos” de reducción del espacio cívico en Venezuela. En su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos señaló que su oficina documentó casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización a “periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”, por lo que hizo un llamado a la administración de Maduro a proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para lograr una participación “significativa” en el espacio público.
Aunque las peticiones de Bachelet fueron claras en el Consejo, continúan las violaciones a la libertad de expresión y otros derechos humanos.
“Más allá de que el gobierno en este momento haga caso omiso a los informes de la ONU y los que presenta la Comisión Interamericana de Derechos humanos (…) se va generando una documentación y eso es importante”, consideró, tomando en cuenta el papel de distintas organizaciones en Venezuela y de gremios que envían documentación a los organismos internacionales para que lo ocurrido en el país trascienda las fronteras.
“Cuando en Venezuela se restituya el estado de derecho, en buena medida, todos estos informes que se están generando en estos años van a hacer la base para poder establecer justicia”, sentenció Cañizález.
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