Maduro sin Chávez o cómo diluirse en el poder

Las dudas sobre la legitimidad de su triunfo y la ineficiencia de la gestión que heredó del gobierno de Hugo Chávez marcaron el primer mes de Nicolás Maduro como presidente de la República.

No se trata de asuntos menores, apunta el politólogo Miguel Martínez, si se toma en cuenta que son precisamente la legitimidad y la eficiencia los factores políticos que garantizan la gobernabilidad de un país.

Sin legitimidad (reconocimiento pleno del liderazgo del gobernante por una clara mayoría de los gobernados) y sin políticas públicas capaces de resolver los principales problemas de la gente, ningún país puede avanzar en democracia, explicó Martínez, experto en conflicto y pacificación.

«En un país donde los resultados electorales evidenciaron la existencia de dos opciones polít icas con el mismo peso, lo que dictaría la política democrática sería llamar a la concordia y la unificación; llamar al otro lado para buscar puntos de acuerdo. Pero este es un gobierno revolucionario y eso no es otra cosa que el intento de implantar una opción política por la fuerza, si es necesario. El primer mes de gobierno de Maduro dejó eso claro, y esa no es una actitud que propicie el diálogo», explicó.

Abril no fue sólo el mes más violento del año en términos de la acción del hampa sobre la ciudadanía, sino también el de más denuncias de torturas y violación de derechos humanos por el Estado, lo mismo que un período marcado por la protesta política.

Hasta el 30 de abril Provea contó 76 denuncias de tortura a detenidos en manifestaciones contra los resultados electorales. En 2012 fueron 46 casos.

Violencia política
La represión de la disidencia y la negativa al diálogo político no se vio sólo en la calle, sino también en el foro de debate por excelencia de los sistemas democráticos: el Parlamento.

Desde que Nicolás Maduro es presidente en ejercicio, la Asamblea Nacional no se ha reunido con normalidad ni una sola vez. El martes 16 de abril la cabeza del Poder Legislativo, Diosdado Cabello, les quitó la palabra a los diputados de la oposición porque en sus intervenciones cuestionaron los resultados electorales y abogaron por una auditoría completa. La semana siguiente no se convocó a plenaria. El martes 30 de abril Cabello ratificó su decisión, y en medio de una golpiza a la oposición el PSUV logró aprobar 3 créditos adicionales antes de que se suspendiera la reunión. Los dos martes siguientes, el 8 y el 14 de mayo, tampoco se convocó a plenaria.

El politólogo Nicmer Evans, dirigente del PSUV, incluye la decisión de Cabello entre los dos errores cometidos por Maduro en sus escasos 30 días de desempeño. «Al haber prohibido el derecho de palabra a la oposición, Cabello les sirvió en bandeja un show parlamentario».

El otro error, a su juicio, fue haber admitido públicamente que se contara 100% de los votos, en lugar de exhortar al CNE a fijar posición «y esperar respetuosamente el resultado del legítimo derecho de la oposición de impugnar».

Miguel Martínez indicó que lo planteado en el Parlamento afecta negativamente la imagen y el desempeño del gobierno de Maduro ante la opinión pública nacional e internacional. «Esa situación no favorece la legitimidad democrática. En un entorno regional de gobiernos democráticos, el no funcionamiento de la Asamblea redunda en ingobernabilidad», dijo.

Persecución
En ese intento de imponer por la fuerza el reconocimiento y la legitimidad ocurrió la detención del general Antonio Rivero, a quien se le imputan delitos t ipi f icados en la L ey cont ra el Terrorismo.

La diputada al Parlatino Delsa Solórzano, coordinadora de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática, considera que esa privación de libertad es un grave precedente.

«Esto abre la puerta para que todo aquel que forme parte de un partido político pueda ser enjuiciado por asociación para delinquir.

Podríamos estar a un paso de la ilegalización de los partidos opuestos al Gobierno», alertó.

Antes de su juramentación Maduro también amenazó con repeler cualquier intento de la oposición de acompañar a Henrique Capriles en una marcha al CNE el 16 de abril para pedir una auditoría. El ex candidato de oposición suspendió la convocatoria para evitar confrontaciones de calle, y dirigentes de la MUD acusaron al Ejecutivo de criminalizar la protesta.

Pero Evans, por el contrario, considera acertada la medida. «Fue positivo haber impedido la marcha al CNE porque con ello se evitó una reedición del golpe de abril de 2002», indicó.

Gobierno de calle
Dos días antes de juramentarse, Maduro anunció que implementaría una modalidad de trabajo que denominó gobierno de calle: «Un gobierno popular y socialista, en la calle, con el pueblo, desde el pueblo, para el pueblo, recorriendo el país entero y rompiendo el esquema de dependencia física administrativa».

Días después desempolvó la casi olvidada propuesta de Chávez de las tres erres: rev isión, rectificación, y reimpulso, y dijo que serían los ejes del gobierno de calle.

La primera jornada fue el 26 de abril. En total ha realizado cuatro en Zulia, cinco en Miranda y dos en Barinas y dos en Táchira (hasta el viernes 17 de mayo) en las que ha entregado viviendas, inaugurado obras deportivas, inspeccionado fábricas, visitado comunas, escuchado propuestas de trabajadores y ofrecido proyectos. Además, desengavetó planes de cuestionada transparencia como Barrio Nuevo y Barrio Tricolor para la refacción de viviendas populares. También se ha enfrentado a los asistentes, discutido con ellos e incluso expulsó a uno de los asistentes a una asamblea con militantes del PSUV y del Polo Patriótico en Barinas.

«La idea es positiva porque reconoce fallas de gestión, pero la pregunta es si la eficiencia va a mejorar sólo con sacar a los ministros a la calle», dijo el profesor de la USB Miguel Martínez. Evans destaca que «lo importante del gobierno de calle es que la metodología sea efectiva».

«Hasta ahora lo que hemos v isto me pa rece má s u n eslogan para proyectar una imagen de trabajo, pero no luce como una doctrina administrativa. El Gobierno está preocupado por convencer de su legitimidad, pero es cuesta arriba explicar cómo, luego de 14 años y con un presupuesto muy grande, los resultados de la revolución sean tan mediocres», señaló Martínez.

Misión estratégica
A finales de 2010 y principios de 2011, cuando las fuertes lluvias dejaron a cientos de miles de damnificados y el problema de la vivienda se convirtió en prioridad según las encuestas, el fallecido presidente Chávez lanzó el más ambicioso plan habitacional de su gobierno: la Gran Misión Vivienda Venezuela. Como un espejo, en abril de este año, apenas asumido el poder, Maduro desplegó la tímida Gran Misión a Toda Vida, cambió el nombre al ministerio del Interior y Justicia por ministerio del Interior, Justicia y Paz, y se lanzó una cruzada de dotación policial, despliegue de la Fuerza Armada en las calles, lanzó el Plan Patria Segura y creó el Movimiento por la Vida y la Paz.

Todo como parte de su plan para reducir la inseguridad y la violencia.

Fuente:EL NACIONAL