Panamá le declara la guerra al blanqueo y al tráfico de drogas y de personas
EFE
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, le declaró este lunes la guerra al crimen organizado y anunció un operativo especial para combatir el narcotráfico, así como el cierre de la frontera con Colombia para detener el paso de migrantes irregulares.
La llamada «Operación Escudo», que se desarrollará por tierra, mar y aire durante 40 días e involucrará a cerca de 200 agentes, tiene como objetivo «blindar y aumentar el control en las fronteras» y detener el creciente tráfico de drogas, indicó Varela.
«La producción, el cultivo y el embarque de drogas se ha duplicado en los dos últimos años, específicamente en Colombia», aseguró el mandatario.
En el operativo especial participarán el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval, la Policía Nacional, el Servicio de Migración y el de Protección Institucional.
Se trata de la segunda iniciativa de este tipo que lanza el Gobierno de Varela desde que asumió el poder en julio de 2014. Durante la «Operación Patria», que se desarrolló el año pasado, se redujo en «casi un 60 % la entrada de droga en el país» y se decomisaron en total 6.650 kilos de droga y 1,8 millones de dólares en efectivo, añadió el presidente.
«Hacemos un llamado a los países que tienen la responsabilidad de combatir tanto la producción como el consumo de drogas a que aumenten los esfuerzos con los países que estamos en esta área de tránsito», instó Varela.
Según un informe publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en marzo pasado, el 90 % de la cocaína que llegó al país norteamericano durante los primeros seis meses de 2015 pasó por el corredor centroamericano.
El documento señaló que, en el caso de Panamá, los narcotraficantes usan la selva del Darién (que actúa como frontera natural con Colombia) y las distintas infraestructuras del país (puertos, autopistas y zonas francas) para introducir la droga y el centro financiero panameño para blanquear el dinero de sus negocios.
La semana pasada, el país volvió a estar en el ojo del huracán después de que el Tesoro estadounidense acusara a una de las familias más poderosas de Panamá, los Waked, de gestionar una red mundial de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas a través de un entramado empresarial que abarca 68 compañías.
Varela reiteró este lunes que no le temblará el pulso para perseguir este tipo de delitos y «evitar que el país sea usado para cometer actos ilícitos», pero dejó claro que el envidiable crecimiento económico de Panamá es fruto del trabajo de los panameños y no del dinero del narcotráfico.
«Que quede claro que el éxito de Panamá se debe al trabajo arduo de su gente. Errores se cometen en todos los países, problemas tienen todos los países. Nosotros enfrentamos los nuestros con mucha dignidad y mucho orgullo, pero que quede claro que vamos a hacer lo que sea necesario para salir adelante», sostuvo.
El anuncio de la operación contra el narcotráfico vino acompañada de uno de mayor calado internacional: el cierre temporal de la frontera con Colombia para frenar el paso de indocumentados, que ha aumentado considerablemente en los últimos meses y que ha provocado una verdadera crisis migratoria.
Al igual que Costa Rica y Nicaragua, Panamá expulsará a todo migrante irregular que sea interceptado por las autoridades y no tenga «formalizado su estatus migratorio», explicó Varela.
«Hemos tomado la difícil decisión de cerrar la frontera con Colombia en el área de Puerto Obaldía y otros puntos fronterizos para detener el tráfico de inmigrantes irregulares», indicó.
La crisis de los migrantes estalló en noviembre, cuando Nicaragua cerró unilateralmente sus fronteras y provocó que casi 10.000 cubanos, a los que más tarde se fueron uniendo africanos de distintas nacionalidades, se fueran amontonando en Panamá y Costa Rica.
Los Gobiernos de ambos países llegaron a un acuerdo para trasladar a los indocumentados a México y que estos pudieran seguir así su camino hacia EE.UU., pero la ola migratoria no se disipó (todo lo contrario) y Costa Rica tomó la misma decisión que Nicaragua.
Desde entonces, cerca de 4.000 cubanos se encuentran varados en territorio panameño, aunque desde este domingo empezaron a ser trasladados en avión a la ciudad mexicana de Juárez en otro operativo especial que, según Varela, será el último.
El presidente hizo además un llamado al Gobierno de EE.UU. para que ponga fin a la Ley de Ajuste Cubano, que da beneficios migratorios a los isleños y que, a su parecer, alienta la migración ilegal.
«A los países que tienen en su capacidad poder resolver esto, (les pido) que sean responsables, que dejen la política partidista a un lado y que enfrenten con visión de Estado los retos que tenemos», instó.
