Panamá cobrará $1.017 a venezolanos que apliquen por permanencia definitiva
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A partir de este año, los venezolanos que apliquen por la permanencia definitiva en Panamá deberán pagar $1,017 por su carné; y no $512, como estaba contemplado en el Decreto 249 de junio de 2019.
Así lo dejó saber el pasado viernes el Sistema Nacional de Migración (SNM), al acoger la sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia del 21 de septiembre de 2020, que declaró “inconstitucional” la categoría “nacionales de la República Bolivariana”, insertada en el artículo 4 del citado decreto.
El Decreto No. 249 establece el procedimiento y requisitos para optar por la permanencia definitiva aplicable a extranjeros que hayan obtenido la renovación de sus permisos provisionales de regularización migratoria extraordinaria de 10 años o sus permisos de regularización migratoria general de seis años.
Génesis
En 2017, el entonces presidente decidió, por medio del Decreto Ejecutivo No. 473, que los venezolanos estarían entre los ciudadanos que requerían visa estampada para entrar a Panamá, medida de “presión” al régimen de Nicolás Maduro, que Varela explicó en su momento, dejó en claro la “ruptura del orden democrático” en ese país.
Publicado en la Gaceta Oficial, el Decreto No. 249 fue demandado en junio de 2019 ante la Corte Suprema por la diputada perredista Zulay Rodríguez, por considerar que contravenía artículos de la Constitución.
El ponente del caso fue el magistrado Olmedo Arrocha, quien señaló que, aunque la demandante pidió declarar inconstitucional todo el decreto, solo desarrolló el artículo 4 del decreto, al atacarlo por establecer cobros distintos por nacionalidades.
Arrocha recordó que el tema de la regularización migratoria en el país se viene tratando desde el programa Crisol de Razas (“procedimiento de regularización migratoria extraordinaria”), instaurado en 2010 durante la administración de Ricardo Martinelli.
Los magistrados señalaron que la génesis de la censura constitucional estaba en el decreto No. 311 de 2018, debido a que en este documento se cita que “en los casos de los ciudadanos venezolanos y los mismos no se vean afectados de manera económica, mantener el monto que han cancelado en concepto de servicios migratorios antes del Decreto Ejecutivo 473 de agosto de 2017, que incluyó a la República Bolivariana dentro de los países que requieren visa estampada…”.
Los magistrados consideraron que en el Decreto No. 249 “existe un evidente trato favorable y ventajoso para extranjeros de una nacionalidad en particular, que a su vez produce un trato desfavorable para el resto de los seres humanos que representan a los extranjeros…”.
En Panamá, según datos del Banco Mundial, habían poco más de 90 mil venezolanos antes de marzo de 2020, con el inicio de la pandemia de la covid-19. Pero muchos han regresado a su país en medio de la crisis. La embajadora de Venezuela en Panamá, Fabiola Zavarce, aseguró que “confiamos en el gobierno panameño y sus autoridades de migración” y que están al servicio de aquellos venezolanos que han salido de Venezuela.
Carlina Istúriz es una de ellas. Llegó en 2010 con el sueño de hacer de Panamá su hogar, pero siente que las autoridades legislativas y judiciales no han comprendido la dimensión de la crisis en Venezuela, que pasa por lo político, económico y humanitario y afecta toda la región.
Peor aún –dice– esta decisión llega en tiempos de una pandemia que ha golpeado a todos. “El ingreso que se recibe es para pagar alimentos, renta y servicios… los que pueden porque muchos han quedado desempleados”, relató. Además, dijo, hay que agregar otros trámites, como el pago del carné de trabajo y los honorarios de los abogados.
De hecho, ya el Colegio Nacional de Abogados, a cargo de Juan Carlos Araúz, circuló un comunicado en el que detalla la tarifa de los honorarios, ya regulada, que deben cobrar por los trámites migratorios.
Con información de Prensa.com
