La ampliación del Canal y escándalo de los papeles marcan el 2016 de Panamá
EFE
La apertura de ampliación del Canal de Panamá, con más de 5.400 millones de dólares invertidos, concentró en 2016 las esperanzas de prosperidad de los panameños, que también sufrieron el desprestigio de la imagen de su país por el escándalo de las firmas offshore conocido como “papeles de Panamá”.
Casi una década de trabajos por parte de más de 20.000 personas, la mayoría panameños, culminaron cuando el pasado 26 de junio se abrió al comercio mundial con un fastuoso acto público el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, construido por un consorcio internacional liderado por la española Sacyr.
Alrededor de 400 barcos neopanamax, con capacidad de hasta 13.000 contenedores, el triple de los que pasan por la vía abierta en 1914, han pasado ya por Panamá y dejado más 302 millones de dólares en ingresos por peajes, según cifras oficiales.
Pero la crisis en el comercio mundial golpea las expectativas panameñas y el paso de la carga se ha reducido en general varios dígitos en el último tramo de 2016. Ahora la esperanza es que el comercio del gas de esquisto despunte en 2017 con una nueva ruta que partirá de la costa este de EE.UU. con destino a Asia.
Entre 2015 y 2022 la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha planificado pagar la financiación de parte de la obra, por unos 3.703 millones de dólares, que obtuvo a través de multilaterales.
El Estado obtendrá en unos dos años el doble de los 1.000 millones de dólares que en 2016 generó el centenario Canal de Panamá, que el país recibió de manos de Estados Unidos el 31 de diciembre de 1999 luego de explotarlo por 85 años.
Además, la ampliación alentó a la ACP a preparar el desarrollo de un completo parque logístico en el sector Pacífico que incluye construir un puerto en Corozal para 5 millones de contenedores, otro roll on-roll off (para descarga y carga de automóviles) y un parque industrial para dar valor agregado a la mercancía.
Ello demandará más de 2.700 millones de dólares en inversiones público-privadas, de acuerdo con el proyecto, para generar otros cientos de millones adicionales de ingresos al país.
Papeles escandalosos
Pero Panamá paga un precio muy alto desde que el 3 de abril pasado estalló el escándalo de los llamados “papeles de Panamá”, la filtración global más grande de la historia, de más de 11 millones de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca.
Esa información, obtenida de modo ilegal, reveló el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.
Las 214.000 “offshore” usadas por Mossack Fonseca se distribuyeron en 21 paraísos fiscales de todo el mundo, de ellas 100.000 en Islas Vírgenes Británicas, e implicaron a personajes de 14 países de África, 19 de América, 18 de Asia, 19 de Europa y dos de Oceanía, además de organismos mundiales.
El Gobierno panameño se quejó de que el escándalo, que costó el regreso de Panamá a la lista gris de Francia y duras críticas públicas de algunos dirigentes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), llevara el nombre del país cuando se centra en operación legal de una firma de abogados.
El Ejecutivo del presidente Juan Carlos Varela defendió mediante comunicados y visitas a varios países los esfuerzos y medidas implementadas en los últimos años para hacer más transparente el neurálgico sistema financiero de Panamá.
Pero también reconoció el daño a la reputación del país y ordenó en abril la conformación un comité independiente para revisar el sistema financiero, el cual elaboró un informe con recomendaciones, entre ellas que Panamá no debe convertir en delito penal la evasión fiscal, que fue publicado el pasado 21 de noviembre.
La plataforma financiera panameña debe mantener su actual oferta de servicios, pero tiene que adaptarla a las normas internacionales de transparencia para seguir siendo competitiva, dijo una de las integrantes del comité, la exministra de Comercio Gisela Álvarez.
La misma comisión generó otra polémica, pues el premio nobel de Economía Joseph Stiglitz, elegido para presidirla, la abandonó en agosto tras acusar al Gobierno panameño de ser poco transparente porque no publicaría íntegros los informes del grupo.
