Keiko Fujimori dice que no vivirá con su familia hasta descartar el COVID-19
EFE
La líder opositora peruana Keiko Fujimori, investigada por presuntos aportes ilegales de la empresa brasileña Odebrecht, anunció este lunes que no vivirá con su familia, cuando se cumpla su excarcelación, hasta que reciba el resultado de la prueba de descarte del COVID-19 a la que se someterá.
De esta forma, Fujimori planea evitar convivir con uno de sus coacusados, su esposo Mark Vito, en la investigación por presunto lavado de activos abierta contra ella y su entorno familiar y político más cercano.
La Fiscalía de Perú anunció el pasado viernes que presentará un recurso de casación para revertir la excarcelación de Fujimori, después de que la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Crimen Organizado anuló la prisión preventiva de 15 meses dictada en enero pasado contra la fundadora del partido Fuerza Popular.
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, estimó que su salida de la prisión de mujeres de Chorrillos se concretaría este lunes cuando se cumpla con el procedimiento administrativo correspondiente.
SE SOMETE A PRUEBA MOLECULAR
En su cuenta de Twitter, Fujimori anunció este lunes que «lo primero que voy a hacer después de salir y llegar a mi casa es realizarme una prueba molecular con el objeto de no poner en riesgo a mi familia».
La excandidata presidencial agregó que «mientras no tengamos el resultado de esa prueba, no voy a poder reunirme con mis hijas» y que «lo más seguro es que los tres (sus dos hijas y su esposo) vayan ahora a la casa de mi mamá hasta que tengamos los resultados».
El fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso contra Fujimori, dijo que la comparecencia dictada contra la también exlegisladora «nos parece arbitraria e injusta» porque la misma sala reconoció «la acreditación de la comisión de delitos por parte de Keiko Fujimori».
COMPARECENCIA Y PAGO DE GARANTÍA
La resolución que ordenó que Fujimori continúe con comparecencia la investigación por presunto lavado de activos que se le sigue, incluye el pago de una garantía económica de 70.000 soles (unos 20.000 dólares) en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Deberá cumplir, además, una serie de restricciones como la de no ausentarse de su domicilio y presentarse cada 30 días a una oficina de control judicial.
Los magistrados basaron su decisión en los argumentos legales que se usaron para enviar a Fujimori a la cárcel, al considerar que la sospecha de culpabilidad no es suficiente para dictar prisión preventiva y que la Fiscalía «no muestra diligencia debida de llevar a juicio a la imputada en el menor plazo posible».
Esta imputación contra la Fiscalía se produjo en momentos en que el equipo especial que investiga el caso Lava Jato ha tenido que paralizar gran parte de sus diligencias e investigaciones por la epidemia de COVID-19.
FISCALÍA RECHAZA EXCARCELACIÓN
El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, informó que la casación se planteará «respecto al plazo de admisión del recurso de apelación» que presentó la defensa de Keiko.
Vela agregó que la Fiscalía cuestionará que el tribunal que ordenó la liberación de Fujimori afectó su derecho a participar en las audiencias de manera activa y hacer uno de sus derechos procesales.
Aseguró, además, que su equipo tiene previsto terminar con la investigación de este caso antes del plazo máximo de 36 meses establecido para las pesquisas.
SALA CONSIDERA HACINAMIENTO EN CÁRCELES
El tribunal consideró que la comparecencia es «suficientemente idónea» para impedir que Fujimori pueda obstaculizar la actividad probatoria de la justicia y agregó que se debe «evitar adoptar una medida innecesariamente gravosa y por ende excesiva» como la prisión preventiva.
Los miembros del tribunal también mencionaron la propagación de la epidemia de COVID-19 y aseguraron que la Comisión Interamericana de Derechos humanos ha recomendado adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento en las cárceles del país, entre ellas la «revaluación de los casos de prisión preventiva». EFE
