Bachelet: En Venezuela no existe independencia del poder judicial
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Este martes, la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó en su nuevo informe la utilización política de la justicia en Venezuela para perseguir a la disidencia y violar los derechos humanos.
El texto evidencia múltiples violaciones causadas por la falta de independencia del TSJ, los demás tribunales y los fiscales del ministerio público con graves consecuencias para el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.
El organismo internacional sigue preocupado por la falta de independencia que padece el sistema judicial en Venezuela, como fue manifestado en sus informes anteriores.
El ACNUDH identificó varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial, en particular, la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical.
Todo ello merma la capacidad del poder judicial para controlar el ejercicio del poder de otras instituciones y para velar por el respeto de los derechos humanos.
Falta de independencia judicial
Debido a la falta de transparencia y de publicidad en cuanto a la designación de los jueces por la Comisión Judicial del TSJ es imposible comprobar si el proceso seguido cumple los requisitos legales.
Al organismo le preocupa que la inseguridad de que adolece la titularidad de los jueces los deje expuestos a la injerencia de sus superiores y de fuentes externas.
Las personas entrevistadas indicaron que, especialmente en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión, por temor a ser despedidos o a sufrir otras represalias.
Según información recibida por ACNUDH, el salario mensual de un juez gira en torno a 30 dólares de los Estados Unidos, lo cual incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a todos los niveles de la administración judicial.
La composición actual del TSJ fue consolidada en diciembre de 2015 con el nombre de 13 jueces por la Asamblea Nacional, que estaba dirigida por el partido gobernante, no obstante, su nueva composición acababa de ser renovada con la elección de una mayoría de parlamentarios de partidos de la oposición. Según la información recibida, dicho proceso de nombramiento no respetó los plazos previstos por la ley, y los recursos legales presentados a posterior en relación con las calificaciones de los candidatos no fueron resueltos.
Trece jueces del TSJ se vieron obligados a jubilarse anticipadamente para que fuera posible nombrar a nuevos magistrados; los cuales habían ocupado cargos en el poder ejecutivo o estaban registrados como miembros del partido en el poder. Según reportes la mayoría no cumplía con los requisitos mínimos establecidos por la Constitución para ser magistrados.
Para leer el informe de la Alta Comisionada de la ONU pulse aquí
Con información de LaPatilla.com
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