Honduras amplía estado de excepción para combatir la extorsión
EFE
El Gobierno de Honduras aprobó la ampliación por 45 días más del estado de excepción en varias zonas del país para frenar a violencia criminal y otros delitos como la extorsión, informó este sábado la Policía Nacional.
El estado de excepción también se extendió a 73 municipios del país centroamericano «ante buenos resultados», indicó la Policía hondureña.
«La medida es una continuación al PCM 029-2022, con el que se suspendieron artículos constitucionales que facultan a los órganos de seguridad del Estado, liderados por la Policía Nacional, para afrontar de mejor manera la amenaza de las estructuras criminales» señaló la institución.
Con esta ampliación, quedarán suspendidas hasta el 20 de febrero las garantías constituciones en 73 de los 298 municipios de Honduras, según las autoridades.
El Gobierno de Xiomara Castro decidió ampliar el estado de excepción para «continuar atacando de manera frontal a las estructuras criminales vinculadas a los delitos de extorsión, sicariato, tráfico de drogas, lavado de activos, entre otros», precisó la Policía hondureña.
El PCM permitirá a la Policía Nacional y otros entes de seguridad realizar operaciones focalizadas en los municipios considerados más violentos del país.
El Gobierno extendió el estado de excepción parcial debido «a los buenos resultados obtenidos con la implementación del PCM 29-2022 que finalizó el viernes, con lo que se contribuyó a la reducción de muertes violentas y otros delitos asociados a las maras y pandillas», explicó la Policía hondureña.
Las personas podrán circular normalmente, ya que el estado de excepción es una herramienta destinada a «operar en las guaridas y escondites de las maras, pandillas y cualquier otra estructura criminal», añadió.
En las últimas semanas y bajo este régimen de excepción, aprobado el pasado 6 de diciembre, las autoridades dan cuenta de las capturas de más de 1.300 supuestos pandilleros y personas afines.
La extorsión en Honduras se ha incrementado en los últimos 20 años, dejando centenares de muertos y en la ruina a miles de micros, pequeños y medianos empresarios, que tuvieron que cerrar sus negocios, mientras que otros se fueron del país.
Muchas de las víctimas mortales eran conductores del transporte urbano, interurbano y de taxis.
Según sus propias denuncias, algunos micros, pequeños y medianos empresarios son víctimas de extorsión hasta por tres bandas criminales.
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