Estados de Excepción buscan detener un referendo revocatorio
Redacción 800Noticias | El Nacional
Las reglas de juego cambiaron el pasado 11 de febrero, cuando el TSJ invalidó el control político de la Asamblea Nacional sobre el Ejecutivo. Ahora, Maduro puede decretar Estados de Excepción, incluso de Conmoción Interna sin contrapeso legal.
Los constituyentes Ricardo Combellas, Ernesto Alvarenga, Antonio Di Giampaolo y Alberto Jordán, entrevistados por el diario El Nacional, señalan que el abuso de los estados de excepción por parte de Maduro sólo buscan detener un proceso refrendario que eventualmente podría sacarlo del poder, y no superar una crisis económica, como se ha argumentado.
Los especialistas señalan que durante la redacción de la actual constitución se evitó ceder el control total del pais al presidente de la República, por lo que se estableció al parlamento como punto de control, al nivel de que la decisión que tome la Asamblea Nacional a favor o en contra de un decreto de estado de excepción no admite control jurisdiccional por parte del TSJ.
Así esta establecido en la Ley, pero la Sala Constitucional desaplicó dicha normativa.
La situación trae varios riesgos sociales, entre ellos, la ruptura del orden constitucional en el país.
La coalición de organizaciones no gubernamentales que integran el Foro por la Vida puntualizó los riesgos del último estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro.
1. El decreto elimina atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y la califica de “peligrosa para la seguridad de la nación”.
2. Convierte en política de Estado la criminalización del derecho de los ciudadanos de denunciar, cuestionar u oponerse a los abusos de poder.
3. Implica una suspensión indeterminada de garantías constitucionales como las libertades de asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacífica.
4. Promueve mecanismos ilegales para el control del orden público, mediante la atribución de funciones de vigilancia y control a grupos de filiación político-partidista.
5. Desconoce pactos y tratados internacionales de derechos humanos.
6. Atribuye facultades arbitrarias al presidente de la República.
7. Prohíbe la cooperación internacional para labores calificadas como de “fines políticos” o “desestabilización de la República”, impidiendo el trabajo de las ONG independientes.
8. Militariza la cadena de producción, comercialización y distribución de alimentos, así como de las fuentes de agua y zonas boscosas del país.
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