Entre salud y derecho a sufragio, polémica por el voto en plebiscito chileno
EFE
El Servicio Electoral (Servel) de Chile determinó que las personas que estén contagiadas de coronavirus no podrán votar en el plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre, abriendo una polémica en el país sobre si debe prevalecer el derecho al sufragio sobre la salud.
El presidente del organismo, Patricio Santamaría, matizó este martes que si una persona desconoce estar enferma de COVID-19 y esto se detecta en el momento en el que acude a votar «se debe respetar su derecho a sufragio» aunque luego sea sancionada y pueda ser detenida.
«Si ocurriera una situación así, la persona no sabe y se establece que es COVID positivo, lo primero que hay que hacer es respetar su derecho a sufragio. Después se tomarán las medidas de la autoridad sanitaria», dijo Santamaría en la emisora local Radio Concierto.
Las palabras de Santamaría suponen hacer prevalecer, a hechos consumados, el derecho al sufragio por encima de las medidas de resguardo sanitario, que establecen que los contagiados «no pueden salir de sus casas».
Se trata del último episodio en el camino hacia el histórico plebiscito en el que los chilenos decidirán si cambian su Constitución y que llevó incluso al Congreso aprobar la ley Plebiscito Seguro para otorgar más facultades al Servel y que la votación se lleve a cabo con resguardos sanitarios.
GOBIERNO CONFIRMA QUE PODRÁN VOTAR PERO IRÁN DETENIDOS
El portavoz del Gobierno, Jaime Bellolio, confirmó las últimas palabras de Santamaría y señaló a la prensa que «la ley dice que si una persona llega a sufragar, tiene que poder sufragar sin perjuicio de las sanciones que después le vayan a llegar».
«Vota, pero una vez que eso ocurra va a ser sancionado y puede ser llevado detenido porque está infringiendo una norma específica que dice que una persona con COVID no puede salir de su casa», advirtió Bellolio.
DECISIÓN POLÉMICA Y ESTUDIADA
La determinación del Servel de que las personas con COVID-19 no puedan salir a votar se hizo pública después de varias tensiones con el Ministerio de Salud sobre a qué organismo le correspondía tomar esa decisión y lamentando que el Gobierno no patrocinara algún mecanismo para el voto a domicilio.
Bellolio aseguró que el Servel es el encargado de tomar una decisión al respecto en virtud de las atribuciones que se le dieron a ese órgano para garantizar un «plebiscito seguro».
Santamaría acabó determinando que los personas con COVID-19 no podrán salir a votar dado que la autoridad sanitaria establece que los contagiadas «no pueden salir de sus casas» y que las atribuciones que se le otorgaron al Servel no le permiten «eximir a los contagios de esa obligación sanitaria».
Al tiempo, lamentó que el Gobierno «se cerró» a la posibilidad de implementar un voto a domicilio y dijo que El Ejecutivo «no va a patrocinar ninguna modificación en ese sentido».
No obstante, para tomar su decisión, el Servel se asesoró con distintas organizaciones, entre las que se encontraban el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización Panamericana de la Salud (OPS) o la Cruz Roja de Chile, entre otras, según se filtró en un protocolo escrito por el organismo que se filtró en el digital local Emol.
En dicho documento se incluía que «la opinión unánime es que personas con COVID-19, casos sospechosos y contacto estrecho no voten (…) por el riesgo en traslados y dificultad para generar reformas al sistema electoral».
VOCES EN CONTRA
Otros organismos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), lamentaron la definición tomada de que las personas con COVID-19 no puedan votar y afirmaron que con ello se está vulnerando al derecho al sufragio.
El INDH indicó a través de un comunicado que entiende que, dada la pandemia, el plebiscito «pueda ser objeto de modalidades que aseguren también el derecho del resto de las ciudadanas y ciudadanos a ejercerlo en condiciones de seguridad», pero que tratándose de derechos humanos las restricciones han de ser «adecuadas y proporcionales».
En ese sentido, llamó a las autoridades públicas y al Servel a «buscar e implementar los mecanismos más idóneos que permitan asegurar a todas y todos su derecho a sufragio».
