Drama familiar: Los derechos de niños y adolescentes son invisibilizados en el país - 800Noticias
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800Noticias | @CrisbelVarela

«Dejé a mi familia, a mis hermanas. Dejé a toda mi familia, pero yo regresaré» ,»por un futuro mejor», «me motivó la situación económica, ya no se podía ni comprar comida», son algunos de los testimonios de niños, niñas y adolescentes que se vieron obligados a migrar de Venezuela por la crisis y ante la imposibilidad de tener una buena educación. 

Los derechos de los niños no parecen ser prioridad en el país y la prueba son los escenarios desgarradores a los que están expuestos.

Menores no acompañados rondan los puntos no controlados de la frontera sin que exista precisión de datos Otros sufren las consecuencias del deterioro de los servicios básicos que durante la pandemia ha dificultado la educación. Todo se traduce en el deterioro de la calidad de vida.

No existe una planificación educativa, tampoco un registro o documentación por parte del Estado sobre la realidad migratoria que sufren los menores. Hay niños sin medicinas, aunque tienen la esperanza de un mejor sistema de salud. Y las clases a distancia, debido a la pandemia, son un caos ante los cortes de electricidad e Internet.

“Desde Cecodap (Centros Comunitarios de Aprendizaje) hemos expresado en reiteradas oportunidades el impacto que tiene la emergencia humanitaria compleja en la vida de los niños, que se refleja en los distintos ámbitos de socialización, en su escuela, en su familia, en la comunidad, en las relaciones del Estado en función de los derechos de los niños. Lo que hizo la pandemia fue agravar los daños y las vulneraciones”, expresó a 800 Noticias Carlos Trapani, abogado y coordinador general de esta organización de derechos humanos que promueve el buen trato a la niñez y adolescencia en familias, escuelas y  comunidades.

Educación a distancia y el reto del retorno a clases

Valentina, de 15 años de edad, sabe que es necesario el retorno a clases, pero también está consciente que el país vive una crisis y que a esta se le suma la falta de planificación.

“Si no se toman las medidas necesarias aumentaría la tasa de contagios altamente, ya que no estamos hablando de una sola institución educativa, aunque de hecho en una sola pueden salir perjudicados muchos puesto a que en cada plantel hay cientos de estudiantes”, opinó durante su participación en el grupo promovido por Cecodap: Adolescentes toman la palabra.

Manuela tiene 16 años y aunque considera que hay elementos positivos en las clases presenciales, tiene en cuenta temas como las dificultades para surtir gasolina, la pandemia y la inseguridad si se trata del retorno a las aulas. 

“En el ámbito de la escuela hemos insistido mucho en que la pandemia obligó a impulsar un proceso de educación a distancia para el que no estábamos preparados ni desde el punto de vista tecnológico ni profesional o pedagógico y mucho menos emocional. Ese cambio abrupto que comprometió dos años escolares evidentemente tiene un peso en el ejercicio del derecho a la educación con calidad”, resaltó Trapani y se refirió a las consecuencias del Covid-19 en un país donde la educación viene caminando en la cuerda floja desde hace algunos años, con incluso deserción de docentes por los bajos salarios que devengan.

“Creo que hay una necesidad generalizada del retorno a clases. Lo necesitan los niños, los docentes, las familias. El punto es ponderar si están las condiciones para que las escuelas puedan abrir. Digo condiciones en términos de infraestructura, medidas de bioseguridad, servicios públicos, la situación del docente que durante la pandemia han salido del sistema escolar para hacer otras actividades más lucrativas”, alertó el abogado.

Trapani señaló que otra arista entre los problemas educativos son las brechas entre la educación privada y la oficial. “Hay que evitar las brechas entre la educación privada y la oficial, la que se da en zonas urbanas y la de zonas rurales, debe ser un proceso gradual, progresivo y con el acompañamiento del Estado, de la familia, la comunidad educativa, que el retorno sea sobre todo planificado”, insistió luego de los anuncios de Nicolás Maduro sobre un regreso a clases para el mes de octubre.

La administración de Maduro presentó lo que llamaron “Cada familia una escuela”, un programa pedagógico con el que aseguran garantizarían el derecho a una educación de calidad. La página web goza de programas y cursos a distancia, sobre lo que Trapani piensa parte de un error conceptual porque “la familia no es una escuela ni puede pretender ser una”. 

“No podemos obligar un proceso distancia cuando las dos terceras partes del país no tienen acceso a Internet, que es lo que ha generado esta situación de una brecha educativa abismal entre aquellos niños que tienen posibilidades de conectividad y de aquellos que no la tienen”, acotó.

El coordinador de la ONG no dejó de resaltar la importancia de la parte emocional y psicológica a la hora de un retorno a clases en medio de la pandemia. «Lo más importante en esta etapa es saber cómo se encuentran los niños desde el punto de vista emocional para afrontar la prosecución escolar. No porque los niños hagan más actividades aprenden más y sobre todo en el contexto que estamos viviendo hay que evaluar cómo se siente el niño, pero también el docente para que este retome la educación presencial y se desarrolle de la mejor manera posible», recalcó.

Menores no acompañados

En el mes de mayo el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) emitió un informe titulado Pequeños en Movimiento en el que se expone la situación que atraviesan los menores que cruzan solos por los puntos no controlados.

El documento divide la crisis migratoria infantil en niños separados, no acompañados y quienes salieron de Venezuela con algunos de sus padres y en el proceso se establecieron por su cuenta.

“Llevar un cálculo certero de la cantidad de menores no acompañados no es tarea fácil, debido a que la mayoría de ellos ingresa por puntos no controlados, pues no poseen documentos y tratan de evadir cualquier contacto con autoridades para evitar ser identificados y devueltos a su país de origen”, reza parte del informe, destacando a la vez que debido a la pandemia y cierre de pasos autorizados incrementó la dificultad para llevar un registro.

A pesar de los inconvenientes para documentar, el portal Hijos Migrantes pudo hacer algunas estimaciones: Para fines de 2020, había 1,9 millones de niños, niñas y adolescentes venezolanos en situación de movilidad y más de 55% se movilizan sin documentos.

Para 2019, se calculaba que más de 20.000 habían llegado solos a Colombia, pero ante la pandemia, cerca de 750 no acompañados retornaron al país. 

Tras la reapertura de la economía en países receptores, al menos 430 niños, niñas y adolescentes salieron de Venezuela solos o junto con otros menores de edad, entre octubre de 2020 y febrero 2021, señalan los registros.

El coordinador general de Cecodap rechaza que no exista una postura del Estado sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes, quienes están ante una realidad donde si no hay agua se debe hacer un pozo, si no hay electricidad buscar una planta o quedar a oscuras y si se acaba el gas doméstico conseguir leña para cocinar. Una cadena de eventos que deterioran la calidad de vida y en consecuencia generan, en muchas ocasiones, la migración. 

“Hemos insistido en el duelo migratorio que genera este fenómeno inédito en la historia de Venezuela, que refleja una profunda crisis y un profundo quiebre (…) Hay distintas situaciones que están afectando y comprometiendo el desarrollo integral de los niños, que es una vulneración a sus derechos frente a un Estado que ha sido ausente, donde no hay postura, donde no hay política, donde no hay acciones. Son los niños quienes sufren las peores consecuencias y cada familia está a la deriva”, lamentó.

“Sobre el tema migratorio lo que hemos identificado es una gran ausencia del Estado y eso parte por no reconocer el problema que genera la migración y sobre todo las causas estructurales que motivan la migración, porque la migración en Venezuela siempre es pendular, fluctúa… hay un evento interno que estimula la migración vinculado al contexto político, económico, servicios públicos, situaciones de violencia armada, esos son desencadenantes para que papá, mamá, familiares o cualquier venezolano use la migración como una forma de supervivencia”, explicó.

“La ausencia de datos parte de una política de Estado, el no registrar, documentar es parte de la invisibilización y los problemas que afectan a los niños”, sentenció Trapani.

¿Y el derecho a la salud?

«La compleja situación económica y social de Venezuela en los años recientes ha generado grandes desafíos para que los niños, niñas y adolescentes, en especial los más vulnerables, vean cumplidos su derecho a servicios básicos como educación, salud, nutrición, participación y protección integral», indica Unicef.

Niños a la espera de trasplantes, menores con enfermedades crónicas muriendo porque no pueden pagar sus tratamientos, mientras que los hospitales públicos están en colapso, sin insumos y con los servicios básicos como agua y electricidad a medias.

Desde Prepara Familia denuncian constantemente que hay niños esperando ser trasplantados y señalan cómo cada vez es más cuesta arriba dializar a un paciente.

El derecho a la salud, a una educación de calidad, a la alimentación, son solo algunos de los derechos que los niños, niñas y adolescentes no están gozando en Venezuela.

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