Diputados denuncian a funcionarios chavistas por lavar dinero en España
EFE
Siete diputados opositores de la Asamblea de Venezuela denunciaron este martes ante la Fiscalía española a varios excargos del gobierno de Hugo Chávez y a empresarios beneficiados de contratos de su Ejecutivo por blanquear en España dinero procedente de la corrupción en el país sudamericano.
Los diputados Conrado Pérez, Richard Eloy Arteaga, Luis Eduardo Parra, José Luis Pirela, Adolfo Ramón Superlano, Jose Dionisio Brito y Chaim Jose Bucaran presentaron tres escritos dirigidos a la Fiscalía Anticorrupción denunciando este blanqueo por parte de ciudadanos venezolanos residentes en España y en otros países.
«Esta lista encierra una cantidad de delincuentes enchufados en el Estado, amparados en un esquema de impunidad que nosotros vamos a romper cueste lo que cueste, porque vamos hasta las últimas consecuencias», dijo el diputado Pineda a los periodistas.
Uno de los escritos es una denuncia dirigida contra cinco personas, entre ellos Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión, residente en Venezuela y buscado por la justicia de Estados Unidos.
También contra el matrimonio formado por Claudia Patricia Díaz Guillén, que fue enfermera de Chávez y tesorera de la República, y Adrián José Velásquez, exguardaespaldas del fallecido presidente venezolano.
Estos dos últimos viven en España y fueron detenidos por orden de Venezuela, que pidió su entrega por haber sustraído fondos de las arcas del país.
Aunque en un principio accedió, finalmente la Audiencia Nacional española denegó su extradición al considerar que sus derechos podrían ser vulnerados allí.
En la denuncia, los diputados afirman que estas personas robaron «cuantiosas cantidades de dinero público de la República de Venezuela, valiéndose de su posición privilegiada dentro del gobierno del ‘chavismo-madurismo'», y luego las lavaron en España «haciendo uso del sistema financiero español».
Según el escrito, se hicieron con el dinero público gracias a los llamados «bonos estructurados», un producto financiero puesto en marcha por el gobierno de Chávez mediante la compra de bonos de deuda pública extranjera que supuestamente les permitieron especular con el sistema cambiario dólar-bolívar.
Las irregularidades financieras relacionadas con el cambio de moneda continuaron cuando la enfermera de Chávez llegó a ocupar la Tesorería de Venezuela en 2010, asegura la denuncia.
Durante su mandato y mediante estos bonos, se creó un sistema cambiario que controlaban algunos de los denunciados y del que sacaron provecho. Para ello usaron presuntamente empresas creadas «ad hoc», algunas de ellas a nombre de personas fallecidas.
La denuncia asegura que Gorrín fue partícipe de este sistema adquiriendo bonos del Tesoro del Reino Unido.
«Los papeles se emitían en libras esterlinas y ese dinero obtenido en moneda inglesa era vendido a los bancos suizos. Así los conspiradores obtenían los dólares necesarios para colocarlos en el mercado paralelo, el cual permitía ganancias extraordinarias gracias al arbitraje entre el precio oficial y el negro», dice sobre los movimientos del dueño de Globovisión.
Sus operaciones, añade, «generaron especulación en el mercado cambiario y dispararon el valor de la moneda estadounidense en el único mercado al que los ciudadanos y las empresas venezolanas podían acudir».
La denuncia prosigue afirmando que la enfermera de Chávez y su marido adquirieron en Madrid un piso por valor de 1,8 millones de euros, «hecho que no han podido justificar apropiadamente y que jamás podrán hacerlo».
En el caso de Gorrín afirma que tanto él como su socio Gustavo Perdomo fueron beneficiarios de 10 cuentas en Suiza «desde donde se recibieron y ordenaron cientos de transferencias millonarias».
«Buena parte de estos fondos -añade- provienen del plan de notas estructuradas del que hemos hablado, al punto que Raúl Gorrín no blanqueó tan sólo su dinero, sino el de su amigo Nelson Merentes», otro de los denunciados.
Parte del dinero circuló, según la denuncia, por bancos españoles como el Banco Santander y La Caixa.
En otros dos escritos presentados ante la Fiscalía ponen en su conocimiento hechos presuntamente delictivos relacionados con decenas de otros venezolanos, como Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera estatal PDVSA y al que los diputados denunciaron ayer en Italia, donde reside.
También con el empresario Alejandro Betancourt, que vive entre España y Reino Unido.
Sobre Betancourt, el diputado Pirela explicó a los periodistas que es «accionista mayoritario de un grupo que se dedicó a contratos en el sector eléctrico».
«Hoy Venezuela se apaga, está a oscuras (…). El señor Betancourt tiene que explicarle al país dónde están las inversiones que el Estado venezolano le pagó, que se las robaron», dijo.
