Crónica de una crisis humanitaria declarada: AN exige al Gobierno proveer medicinas - 800Noticias
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Mildred Manrique.- Cinco puntos en agenda aprobados marcaron la sesión de la Asamblea Nacional de este 26 de enero. El parlamento venezolano declaró crisis humanitaria en el país por falta de medicinas, y deterioro en la red de salud pública. Este tema fue uno de los más resaltantes, así como el de las expropiaciones de empresas productoras de alimentos y el caos carcelario.

Contrapunteos, burlas, saboteos y hasta un momento de conmoción se vivió durante el debate que inicialmente estaba previsto para las 2:00 de la tarde, pero comenzó con 20 minutos de retraso por falta de quórum. Al menos 31 diputados suplentes (Psuv-MUD) fueron juramentados para incorporarse a la plenaria en ausencia permisiva de sus principales. 

El primer punto fue un acuerdo para homenajear el centenario del fallecido expresidente Rafael Caldera. La propuesta fue presentada por el diputado Biaggio Pillieri y aprobada por los 109 parlamentarios de la Unidad en menos de una hora.

El ambiente siempre estuvo caldeado por las diferencias políticas entre bancadas. El oficialismo cada vez que pudo sacó a relucir el Decreto de Emergencia Económica, rechazado la semana pasada por la mayoría opositora. Sostenían que en ese documento estaban las «soluciones a los problemas del país».

La bancada opositora no escatimó en abuchearlos, o refutar: «han pasado 17 años con las mismas políticas ineficientes». Las intervenciones de 10 minutos se excedieron en su mayoría. El presidente de la AN, Henry Ramos Allup golpeaba tres veces su micrófono para avisar que ya se le agotaba el tiempo al parlamentario; casi todos pedían un minuto más, pero el timbre de la campanita que tiene en su mesa sonaba  y el audio lo cortaban en conjunto con la celebre frase: «tiempo diputado».

Tres horas y media duró el intenso debate sobre la crisis en el sector salud. El acuerdo presentado por el joven diputado y médico oncólogo, José Manuel Olivares incluye exigir al Ministerio de Salud el restablecimiento de la publicación del boletín epidemiológico, y exhortar al Ejecutivo a permitir el envío de medicamentos dentro y fuera del territorio nacional (como medida humanitaria).

También se acordó solicitar a la ministra de Salud, Luisana Melo, así como al presidente del IVSS, Carlos Rotondaro, reuniones de trabajo de carácter público, para evaluar los planes a corto y mediano plazo de construcción de una agenda que evite que sigan muriendo venezolanos por falta de insumos.

Olivares indicó que la OMS tiene una lista de 160 medicamentos esenciales. En Venezuela hay más del 70% de inexistencia de los mismos.

Ricardo Molina por la «bancada de la Patria», propuso exhortar a las universidades nacionales a presentar un plan para producir medicamentos en el país. Fue aprobado por unanimidad, pero a su vez fue negada por la mayoría opositora otra de sus sugerencias: solicitar a clínicas privadas dedicar el 20% de su ingreso del seguro de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM) al sector de salud público.

CONMOCIÓN

Después de la intervención de Olivares, subió al podium, Ricardo Medina, padre de un bebé que murió de cáncer en el Hospital Universitario en diciembre de 2015 por falta de medicinas. “Mi hijo de tres años no eligió a nadie”, dijo refiriéndose a los diputados electos de ambas bancadas a quienes les pidió que tomen en serio la gravedad que vive el sector salud del país.

Medina narró el drama que vivió junto a su pequeño para tratar de mantenerlo con vida. En este momento, el hemiciclo estaba en completo silencio. Mas de uno tragó grueso con el desgarrador testimonio. El padre del pequeño también espera que su testimonio de un giro en el país y convierta a Venezuela en una potencia en salud.

En los palcos había un grupo de madres de niños que padecen leucemia, y que asistieron a la Asamblea Nacional en calidad de invitadas especiales. Hicieron una protesta con pancartas y denuncias, para hacer conocer sus casos durante el debate. Hasta un paciente del JM de los Ríos, un niño de 5 años, estaba sentando allí con un tapaboca.

Otro caso fue el de un joven que narró con voz entrecortada algo similar frente a más de 350 personas, su madre murió de una neurisma por falta de insumos médicos. La diputada del Psuv, Carmen Meléndez pidió no politizar la tragedia de estas personas llevándolos a debates de la Asamblea Nacional.

INVESTIGARÁN EXPROPIACIONES

El tercer punto debatido fue el caso de Agroisleña, empresa privada española que pasó a manos del Estado en la gestión de Hugo Chávez, y que ahora lleva por nombre Agropatria. La oposición ha insistido en que las expropiaciones que ha hecho el Gobierno a propietarios de tierras agro-productoras son el “fracaso del Estado productor”, cuyas plantas, aseguran, no operan o trabajan por debajo de su capacidad.

La Asablea Nacional acordó a través de la comisión de Finanzas de la AN, “se investiguen la expropiaciones de fincas, empresas y agroindustrias, para saber el estatus actual y comparar los niveles de productividad antes y después de la expropiación”, señala el texto aprobado con el voto de los opositores.

Asimismo,el Parlamento solicitó la comparecencia en su seno al presidente de Agropatria, Yvan Gil; a los ministros de Agricultura, Wilmar Castro; de Agricultura Urbana, Lorena Freitez; y Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario.

COMISIÓN TSJ

También fue llevada a la plenaria de este martes la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), «entre gallos de medianoche» en diciembre de 2015. Se aprobó con mayoría opositora la creación de la Comisión Especial para el estudio y análisis del caso.

El parlamentario Carlos Berrizbeitia, quién presidirá dicha comisión manifestó que en el proceso «exprés» en la escogencia de los representantes del Poder Judicial se violaron la Ley Orgánica del TSJ y la Constitución. “Durante 15 años este país ha tenido un TSJ arrodillado ante Miraflores, ya basta de usar a un órgano público para impartir políticas», apuntó, al tiempo que invitó a sus pares de la Bancada de la Patria a participar en la investigación.

A juicio del oficialista Juan Marín «la comisión solo servirá para aclarar dudas y que la bancada opositora. El TSJ es el máximo y último intérprete de la Constitución. Si vienen por un once, le saldremos con un trece», amenazó.

Por su parte, el diputado Pedro Carreño aseguró que la AN no tiene facultad para evaluar elección de magistrados, además insistió en que la Comisión que se aprobará es nula ya que «eso no está en la Constitución. Mañana (miércoles 27 de enero) acudiremos al TSJ a consignar un recurso que declare nulo este mecanismo», advirtió.

ARMAS EN LOS PENALES

El diputado opositor Julio Borges antes de  iniciar la sesión solicitó incluir en la orden del día el tema carcelario a propósito de los escandalosos vídeos del penal de San Antonio, en el estado Nueva Esparta, en los que se ve cómo los reos disparan desde la azotea con armas de guerra por la muerte del pran apodado «El Conejo».

Su colega de bancada, Richard Blanco fue el orador de este punto. Como presidente de la Comisión de Asuntos Penitenciarios mostró las grabaciones en las pantallas del hemiciclo, donde hasta los diputados oficialistas voltearon a mirar detenidamente el tiroteo que se generó este fin de semana en dicho centro de reclusión.

Su propuesta de crear una comisión conjunta para investigar los hechos fue aprobada por unanimidad. Los diputados del Gran Polo Patriótico condenaron estas acciones violentas, y solicitaron ser incorporados en la agrupación.

Blanco detalló que altos funcionarios civiles y militares serán llamados “para que expliquen por qué siguen ingresando armas a la cárcel”.

La diputada Delsa Solórzano solicitó interpelar el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López. También se acordó visitar los centros penitenciarios del país.

Este fue el último punto debatido. La actividad legislativa se extendió 6 horas. La próxima sesión ordinaria quedó pautada para este jueves 28 de enero a las 10:00 de la mañana.

¡SUSTO!

Este martes tampoco faltó un hecho irregular. Antes de comenzar la sesión, en las cercanías de la Asamblea y de la sede administrativa en el centro de Caracas (Capitolio), estallaron cuatro cajas sonoras panfletarias. No hubo heridos ni daños, solo el despliegue de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Sebin y Guardia Nacional.

Los artefactos explosivos esparcieron panfletos suscritos por las “Fuerzas Bolivarianas de Liberación” (FBL) donde exhortan a “prepararse para los enfrentamientos” tras la toma de control del legislativo por parte de la oposición, a la que el grupo reconoce una “victoria electoral contundente”.

Afirman que ya “es hora de tomar el gobierno por las bases de la revolución”, ya que “son los conflictos sociales la garantía de continuidad del proceso de cambio del comandante (Hugo) Chávez… No hay salida pacífica a la crisis y ellos lo saben… Esta operación consiste en la detonación de artefactos con fines propagandistas en las inmediaciones de la AN, donde nuestra organización fija pública posición sobre la situación política nacional”, es parte del mensaje que se lee en el volante.

El Ministerio Público comisionó a la fiscal 44° del área metropolitana de Caracas, Eusmaris León, para investigar el hecho. Hasta el sitio se trasladó la fiscal que coordina la investigación, que actualmente realizan funcionarios antiexplosivos del Sebin, quienes acordonaron el lugar del suceso con el fin de colectar evidencias de interés criminalístico.

Según la información recabada, ocurrieron dos detonaciones: las primeras tres cajas fueron activadas en una de las salidas del centro comercial Metrocenter, y una cuarta, en la esquina de Pajaritos.

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