Control de precios puede desatar la hambruna en Venezuela
Nota de Prensa
Pese a que su política de controles de precios no ha hecho más que provocar escasez e hiperinflación a lo largo de los años, el régimen de Maduro lejos de rectificar ha decidido seguir por la misma senda en plena pandemia, sin reparar en las posibles consecuencias ni atender a los mensajes de los organismos internacionales que advierten sobre el riesgo de una hambruna en Venezuela, denuncia Acceso a la Justicia.
La decisión de desenterrar los controles de precios para combatir la inflación y la especulación justo en medio de la pandemia de la COVID-19 lejos de solucionar el problema de alimentación lo agravará. Así lo ha demostrado la historia reciente del país.
Horas antes de que se anunciaran las nuevas medidas contra el sector privado, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas había incluido a Venezuela entre los cinco países que están en riesgo de sufrir una hambruna. En 2019 el organismo había alertado que casi un tercio de la población venezolana (32,3%) padecía inseguridad alimentaria y 2,3 millones de personas (7,9%) estaban en una situación severa.
Medidas
La nueva arremetida contra el endeble sector privado nacional se inició el pasado 24 de abril, cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Económicos (Sundde) y de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) supervisarían la venta de los productos producidos por Empresas Polar, Plumrose y el Matadero de Turmero.
Días después, el Ministerio de Comercio Nacional publicó la lista de «precios acordados» de 27 productos de la cesta básica, los cuales en su mayoría oscilan alrededor de los Bs. 100.000. Sin embargo, el salario mínimo integral de Bs. 800.000 anunciado por el Gobierno el pasado 1 de mayo es claramente insuficiente para adquirir todos los productos. El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) calculó que para marzo una familia requería de más de 19 millones de bolívares para cubrir sus necesidades primordiales.
¿Acordados con quién?
Las posibilidades de que el país vuelva a sufrir un desabastecimiento similar al que ya vivió entre 2014 y 2018 debido a esta decisión gubernamental se han incrementado luego de que una de las empresas afectadas, Polar, negara haber acordado alguno de sus precios.
«La empresa no ha acordado precios de sus productos, pues eso haría inviable sus operaciones, poniendo en riesgo el abastecimiento de los alimentos que produce y la preservación de la fuente de empleo», afirmó el principal conglomerado industrial privado del país, el cual advirtió que el retorno a los controles de precios «no dará solución a los problemas económicos» de Venezuela y que, por el contrario, solo provocará la «limitación de la oferta de productos en el mercado y la inviabilidad económica de muchas empresas».
La política económica aplicada por el Gobierno desde hace más de dos lustros, sustentada en controles de precios y expropiaciones de empresas, va a contracorriente de lo establecido en la Constitución, que en su artículo 112 señala lo siguiente:
«El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país»”.
