Yanomamis piden más acciones a Brasil en la Amazonía
EFE
Las comunidades indígenas Yanomami y Ye’kwana destacan la atención recibida por parte del Gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pero piden todavía más atención en áreas como salud y protección territorial, advirtió este miércoles un informe del Instituto Socioambiental (ISA).
«Nosotros todavía estamos sufriendo» es el título de un extenso informe coordinado por el ISA con apoyo de tres asociaciones Yanomami y Ye’kwana sobre los seis primeros meses desde que el Gobierno de Lula declaró emergencia sanitaria en esa región indígena amazónica.
El relato apela por la «urgencia» por «una mejor coordinación» del Gobierno federal en la Tierra Indígena Yanomami, que fue bastante aporreada por la deforestación y la minería ilegal, en una situación que se agravó durante la presidencia de Jair Bolsonaro (2019-2022).
Durante la gestión de Bolsonaro, citó el informe, la deforestación «casi se sextuplicó» y ahora presenta una «desaceleración».
El estudio indicó que los pueblos originarios de esa región de la Amazonía «quieren ampliar el diálogo» con las autoridades, porque a pesar de la expulsión de «unos 24.000 mineros ilegales», como señaló a EFE el líder indígena Júnior Hekurai, todavía existe su presencia.
«Este informe tiene como objetivo preservar la seguridad del pueblo yanomami», porque a pesar de la actuación «muy importante del Gobierno actual», todavía «tenemos invasores y queremos la libertad», agregó Hekurari, presidente de la Asociación Urihi.
Para Estêvão Senra Benfica, geólogo del ISA y uno de los coordinadores del estudio, «la situación de emergencia todavía no ha sido superada » y, «a pesar de que todo el mundo reconoce los avances importantes del Gobierno, se necesitan ajustes de las estrategias».
Un «mayor esfuerzo de coordinación» de los ministerios, con base en un «cronograma» es «fundamental» en un «territorio complejo como el yanomami, con regiones sensibles y vulnerables y con impactos más graves», señaló el investigador en declaraciones a EFE.
De acuerdo con el informe, el Gobierno creó un centro de salud referencia en Serra dos Surucucus, en el estado de Roraima, pero «las comunidades aisladas todavía carecen de atención» y la malaria sigue creciendo con un salto del 80 % en el primer semestre (12.252 casos).
Tampoco las canastas familiares están llegando con «regularidad» a las «regiones prioritarias», poniendo en riesgo la «seguridad alimentaria», apuntaron las asociaciones Hutukara Yanomami, Wanasseduume Ye’kwana y Urihi Yanomami.
El Sistema de Monitorización de Minería Ilegal de la asociación Hutukara indicó que entre octubre de 2018, cuando fue electo Bolsonaro, hasta diciembre de 2022, mes en el que dejó el poder, esa actividad creció un 300 %.
El área devastada en ese período solo por la minería ilegal (5.0053 hectáreas), en tanto, afectó a un 60 % de la población del territorio, calculada en un total de 30.000 indígenas.
A pesar del combate a la minería ilegal, con bloqueo incluso del espacio aéreo, y de su desaceleración, el área devastada continúa creciendo con un aumento de 219 hectáreas en el primer trimestre, que representan un 4 % más de lo que se tenía a finales de 2022.
Según el documento, muchos mineros se replegaron del lado venezolano de la frontera, todavía dentro de territorio yanomami, para continuar con algunas de las operaciones ilegales o esperando una flexibilización de la fiscalización para retornar.
Las Fuerzas Armadas, añadió el relato, solo consiguieron distribuir el 50 % de las canastas familiares (25.000 por mes) dispuestas por el Gobierno para combatir la desnutrición en la población infantil yanomami.
Para las organizaciones indígenas que elaboraron el estudio, la recomendación es «continuar con la operación de forma más certera», pero «garantizando la estabilización de la salud, la seguridad, la protección territorial y la seguridad alimentaria».
El control del espacio aéreo «por tiempo indeterminado», el «refuerzo de la monotorización en la zonas de frontera» y las «sanciones administrativas» a los mineros ilegales son otras de las medidas sugeridas por los indígenas.
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