Voluntad Popular exige la liberación de los «presos políticos» - 800Noticias
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EFE

El partido opositor de Venezuela Voluntad Popular (VP), que lidera Leopoldo López y en el que ha hecho buena parte de su carrera Juan Guaidó, exigió este domingo la libertad y el respeto a los derechos humanos de 337 detenidos a los que consideran presos políticos.

Afirmó que son 316 hombres y 21 mujeres los que se encuentran detenidos por razones políticas, por lo que piden el respeto a los derechos humanos y que puedan volver a sus hogares.

«De los más de 300 presos políticos de Maduro, 162 son militares y 175 civiles. Oponerse a una dictadura criminal y violadora de derechos humanos no es un delito, sino un deber ciudadano que no merece prisión alguna y mucho menos torturas», añadió la formación.

Asimismo, sostuvo que actualmente 50 de los reos presentan dolencias y enfermedades y a casi 100 se les «ha negado asistencia médica».

Por su parte, la ONG Foro Penal afirmó el sábado que en Venezuela hay 240 «presos políticos», uno más que en su último reporte publicado el pasado 29 de marzo.

Entre quienes consideran presos políticos, hay 226 hombres y 14 mujeres y un menor de edad, detalló en Twitter la organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, indicó que 110 son civiles y 130 son militares.

El pasado 10 de febrero, una investigación de Amnistía Internacional (AI), en conjunto con el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), reveló la correlación que hay entre detenciones arbitrarias por motivos políticos en el país caribeño y las «estigmatizaciones» creados desde varios medios de comunicación.

«Este análisis mostró que, mientras en 2019, la correlación general entre ambas variables (detenciones arbitrarias y estigmatización) era del 29 %, en 2020 aumentó al 42 % y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77 %», detalló AI en un comunicado de prensa.

El director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, añadió que «no queda ninguna duda de la estrecha relación entre agentes del Estado venezolano; es decir, funcionarios públicos, medios de comunicación públicos y privados, y ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos», lo que, a su juicio, «no debe quedar impune».

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