Vizcarra, un presidente que cae por la corrupción, el flagelo que combatió
EFE
Las sospechas de que recibió sobornos para adjudicar obras públicas en la región Moquegua, de la que fue gobernador hace seis años, terminaron con la Presidencia del Perú de Martín Vizcarra, el mismo gobernante que cerró el Congreso y que emprendió una dura lucha frontal contra la corrupción en el país.
El ingeniero civil, de 57 años, tuvo una de las presidencias más accidentadas y breves de las últimas décadas, pues asumió al cargo en 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, cerró el Congreso en 2019 amparado por la Constitución y en el contexto de su lucha frontal contra la corrupción y debía preparar una transición para el siguiente gobierno que lo sucedería en 2021 en plena pandemia de la covid-19.
Vizcarra llegó al Ejecutivo como vicepresidente de Kuczynski en 2016 y en el también corto gobierno de su antecesor, fue ministro y luego embajador en Canadá, antes de asumir el cargo cuando el primero fue forzado a dimitir tras ser acusado de haber recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht.
Sin apoyos políticos, Vizcarra parecía destinado a ser un gobernador débil en manos de un Congreso abrumadoramente opositor en manos del fujimorismo, y sin embargo, gracias a su confrontación con los congresistas por su supuesta connivencia con la corrupción, llegó a obtener un enorme respaldo popular y vencer a sus rivales hasta el clímax de la disolución del parlamento en septiembre de 2019.
En enero de este año, las nuevas elecciones al Congreso dejaron un parlamento muy dividido, en donde no contó con ningún sector oficialista y que pronto se convirtió en nuevamente su mayor enemigo.
Mientras, una pandemia de magnitud global lo sorprendió en la presidencia y ocupó todas sus actividades en el primer semestre del año, cuando el país alcanzó la mayor tasa de mortalidad del mundo por la covid-19, y que ha sumado más de 34.000 fallecidos hasta la fecha.
PARLAMENTO LO CERCÓ
Vizcarra no tuvo respiro con el nuevo Congreso y tras varios conflictos por temas políticos y leyes aprobadas por la cámara, en septiembre llegaba un primer pedido de destitución por la contratación irregular del cantante Richard «Swing» Cisneros, a quien conoció en la campaña electoral de 2016.
La cercanía de Vizcarra con Swing quedó demostrada en los audios que su ex secretaria de Palacio Karem Roca guardó de las coordinaciones con el mandatario y su círculo más cercano, en un acto que el mandatario calificó como «traición» y que aún sigue bajo investigación.
Más allá del hecho de si Vizcarra ayudó o no a contratar ilegalmente a Swing en el Estado, quedó patente que el mandatario había mentido a la opinión pública al haber negando una relación de proximidad que luego resultó cada vez más evidente.
No obstante, lo que salvó realmente a Vizcarra de la destitución fue conocer que el presidente del Congreso, el opositor Manuel Merino, había tenido encuentros con los jefes de las fuerzas armadas con la supuesta intención de complotar en su contra.
Tanto entonces como ahora, Merino es el encargado constitucional de suceder a Vizcarra al frente del país.
CONGRESISTAS INVESTIGADOS
Como defensa en las últimas semanas, el mandatario esgrimió que una bancada radical en el Parlamento, dirigida desde prisión por el exmilitar golpista y sentenciado por homicidio Antauro Humala, es la que buscaba su caída, manejando su propia agenda política y que busca, en alianza con otros grupos políticos, postergar las elecciones generales para mantenerse en sus cargos por más tiempo.
Vizcarra insistió este lunes en esas tesis, al defenderse del segundo pedido de destitución que se basa en declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces de la Fiscalía aún no corroboradas.
En su defensa, el ahora exmandatario señaló que hay 68 congresistas (de un total de 130 legisladores) investigados actualmente por el Ministerio Público y que tienen «intereses personales» en que se le destituya del cargo, presumiblemente para mantener privilegios y no ser juzgados.
No sirvió que categórica y repetidamente negara cualquier hecho de corrupción y pidiera que se le investigue conforme a ley cuando en julio de 2021 tuviera que dejar la presidencia.
INVESTIGACIONES EN CURSO
Vizcarra, que estuvo vinculado al negocio de la metalmecánica en su natal Moquegua antes de su vida política, fue investigado por la Fiscalía por los presuntos sobornos durante su gestión regional, precisamente por la misma obra pública por la que ahora le acusan de haber recibido sobornos, una investigación que fue archivada.
Con las revelaciones que terminaron en su destitución, la fiscalía volvió a reabrir el caso, que se une a otra más que se iba a extender hasta el final de su periodo en la presidencia, por las denuncias del caso «Swing» en vista a que existe mérito para investigarlo por un presunto tráfico de influencias.
En forma paralela, el fiscal Germán Juárez, del equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, solicitó ya en dos ocasiones interrogar a Vizcarra, pues las empresas ganadoras de las licitaciones en Moquegua son también investigadas al estar comprometidas en el «club de la construcción», un grupo de compañías que se repartían las obras públicas a cambio de millonarios sobornos.
Paradójicamente, Vizcarra alcanzó la notoriedad a nivel nacional después de una llamativa gestión en la región de Moquegua, donde logró los indicadores más altos en desarrollo social, especialmente en educación escolar, y el mejor índice de desarrollo humano.
Por estos resultados, Vizcarra había recibido en 2015 las Palmas Magisteriales en el Grado de Amauta (maestro), la máxima condecoración oficial para un docente peruano.
Y como presidente, se ganó una amplísima popularidad por su confrontación directa con los elementos del Congreso que se oponían a sus planes contra la corrupción.
Ahora, Vizcarra perderá la inmunidad presidencial y podrá ser investigado sin impedimentos, para ser así condenado o no por la vía legal, tras haber sido ya condenado por la vía política.
