Violencia contra candidatos ensombrece el panorama electoral en Colombia
EFE
Una espiral de violencia con asesinatos y amenazas a candidatos ensombrece la normalidad del proceso electoral colombiano a menos de 50 días de las elecciones para alcaldes, gobernadores y cuerpos legislativos locales y regionales del próximo 27 de octubre.
La nueva víctima es Orley García, profesor y candidato por el oficialista Centro Democrático a la Alcaldía de Toledo, en el departamento de Antioquia (noroeste), quien fue asesinado el sábado por un hombre que le disparó con una escopeta cuando el político estaba en campaña en esa población.
García murió mientras era trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) a un hospital de Medellín debido a la gravedad de las heridas.
El comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, que dirige las operaciones en Toledo, calificó este domingo de «crimen contra la democracia» el asesinato de García, pero fue cauto y no señaló a ningún grupo como autor del crimen.
Dijo incluso que las primeras investigaciones «demuestran que no es la autoría, hasta el momento, de un grupo armado organizado».
En Antioquia operan prácticamente todos los grupos armados ilegales del país, desde el Ejército de Liberación Nacional (ELN), hasta disidencias de las FARC, pasando por bandas criminales de origen paramilitar como el Clan del Golfo y Los Caparrapos que se disputan el control del territorio para sus negocios de narcotráfico y minería ilegal.
Esa multiplicidad de grupos armados todavía no permite a las autoridades tener pistas sobre los autores del asesinato del candidato, algo parecido a lo que sucede con los crímenes de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
De los 302 asesinatos de líderes sociales ocurridos en los últimos tres años y reportados por Naciones Unidas se han esclarecido 177, según cifras de la Fiscalía reveladas a mediados de agosto pasado.
El crimen en Toledo ocurrió seis días después del brutal asesinato de Karina García Sierra, candidata por el Partido Liberal a la Alcaldía de Suárez, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), hecho que conmocionó al país.
García, madre de un niño pequeño, fue asesinada a tiros dentro de una camioneta junto a cinco acompañantes, entre ellos su madre, en una carretera fuera del casco urbano de Suárez, y sus cuerpos fueron incinerados.
Este crimen se encadena al ataque con una granada contra la vivienda de Betsaida Montejo Pérez, aspirante a la alcaldía de San Calixto, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
Y también a las amenazas de muerte contra el candidato a la Alcaldía de Mahates, población del departamento de Bolívar (norte), José Altahona, quien también hace parte del Centro Democrático.
Altahona recibió en su vivienda un manojo de flores, una bala y un mensaje de muerte que supuestamente le hicieron llegar las disidencias de las FARC.
Sin embargo, el líder político dijo no creer que las amenazas provengan de esa guerrilla y las atribuyó a delincuencia común.
El líder del partido Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), desafió a los criminales en una declaración en la que dijo que sus candidatos no se dejarán intimidar y seguirán haciendo política.
«Si los criminales lo que están buscando es que nos escondamos que vayan ellos buscando escondites porque con las Fuerzas Armadas, la Constitución y la ley recorremos toda Colombia apoyando la democracia», aseguró Uribe este domingo en una manifestación política en el municipio de Amalfi (Antioquia).
La semana pasada la Procuraduría (Ministerio Público) presentó un informe sobre riesgos en las elecciones del 27 de octubre y en ese documento advierte que Antioquia es el departamento con mayor posibilidad de que los candidatos sean blanco de ataques.
Otro estudio más amplio presentado el miércoles pasado por la Defensoría del Pueblo señala que en un tercio de los más de 1.100 municipios de Colombia está en riesgo electoral por la actividad del ELN, disidencias de las FARC y otros cinco grupos armados al margen de la ley.
«El 36 % de los municipios del país está en riesgo electoral por presencia de grupos armados ilegales», manifestó el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, al presentar una alerta temprana sobre la situación electoral del país.
El documento de la Defensoría estableció que 78 municipios están en nivel de «riesgo extremo», 176 están en «riesgo alto», y 164 en «riesgo medio».
Negret atribuye esa situación a que en esas zonas hay disputas entre grupos armados ilegales y la fuerza pública, así como economías ilegales, vulnerabilidad de la sociedad y poca presencia del Estado.
