Trasladan a más de 100 detenidos por protestas poselectorales
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La tensión política en Venezuela tanto interna como externa aumenta con el pasar de los días, la mañana de este viernes 27 de septiembre fueron trasladados un grupo de detenidos por por los hechos poselectorales del pasado mes de julio.
LA organización no gubernamental (ONG) Foro Penal informó en sus redes sociales que 103 detenidos en el Centro Penitenciario Agroproductivo de la ciudad de Barcelona, en el estado Anzoátegui, mejor conocido como «Puente Ayala», son trasladados a los lugares de reclusión de máxima seguridad que preparó el gobierno de Nicolás Maduro por los hechos de la elección presidencial.
Según la ONG no hay información oficial de a dónde serán enviados el centenar de ciudadanos que fueron detenidos si a Tocuyito en Carabobo o Yare 3 en Miranda.
Hasta la fecha hay 956 detenidos poselectorales en la cárcel de Tocorón, la mayoría son personas comprendidas entre 18 a 25 años, mientras que en Tocuyito hay al menos 600 ciudadanos acusados de «terrorismo».
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Docentes exigen al Gobierno liberar a jóvenes detenidos
Organizaciones de educadores pidieron a las autoridades liberar a los menores de edad que fueron detenidos por estar vinculados a los hechos de la elección presidencial.
«No es posible educar en un ambiente de miedo, de terror y persecución a jóvenes estudiantes, a sus docentes y ciudadanos. Se requiere un clima de respeto a los derechos y garantías constitucionales», expresaron 27 agrupaciones de docentes en un documento difundido por la ONG Provea.
Los docentes remarcaron que es necesario garantizar «un espacio de tranquilidad» en las aulas para que «sea eficiente y efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje», algo que consideran que se ve comprometido mientras se mantenga a 68 adolescentes privados de libertad, según los registros de la ONG Foro Penal.
«El año escolar 2024-2025 va a iniciarse en un nuevo contexto político para todos: somos víctimas de arbitrariedad y transgresión a los derechos humanos», insistieron los docentes, que repudiaron el accionar del Estado «contra los ciudadanos» que rechazan el resultado oficial de las elecciones.
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