+VIDEO | Provea: Autoridades deben proteger a retornados sin discriminación

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El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello dio a conocer el siguiente pronunciamiento sobre la situación de los retornados, aquellos venezolanos y venezolanas que migraron de manera forzada y hoy por diversas circunstancias principalmente vinculadas al Covid 19, se ven obligadas a regresar al país.

Afirma el Centro de Derechos Humanos de la UCAB que aunque desde Venezuela, Nicolás Maduro ofreció recibirlos con los brazos abiertos, los retornados encontraron en los llamados Puntos de Atención Social Integral (PASI) una muestra de lo que les deparaba el país: alimentos en mal estado, falta de agua, de combustible y de servicios médicos, además de militarización y represión. Las primeras expresiones de rechazo al retornado provinieron del fiscal impuesto por la asamblea nacional constituyente, quien los calificó de “karma”, seguido por la ministra de asuntos penitenciarios quien los llamó fascistas y golpistas camuflados.

No más discriminación ni ataques contra los refugiados y migrantes venezolanos que necesitan ayuda frente al COVID-19.

Autoridades deben dar protección sin discriminación. Se necesitan políticas públicas urgentes que garanticen sus derechos humanos #9Jul pic.twitter.com/40wQI9nM1P

— PROVEA (@_Provea) July 18, 2020

Poco después varios funcionarios, incluyendo a Maduro, de forma deplorable afirmaron que los retornados eran armas biológicas enviadas por el gobierno de Colombia para contaminar a Venezuela.

Al calificar a los retornados como armas biológicas, el Secretario de gobierno del estado Zulia afirmó “Los vamos a colocar en una celda, bajo cuarentena pero con un proceso del Ministerio Público (…) así como lo hacen los Estados Unidos cuando por México se quiere ingresar”  ; de esta forma, se usa como modelo el cuestionable método de detención de migrantes usado por Estados Unidos de América, con el agravante de que no se trata de extranjeros, sino de nacionales que intentan regresar a su país.

Al tiempo que se producen estos señalamientos, el 19 de abril se eliminó el acceso público a la página web de ACNUR, en la que se registraba la información sobre los espacios de alojamiento temporal, que ya se encontraban a dos tercios de su capacidad, a menos de un mes de haberse iniciado el confinamiento en Colombia.

En tal sentido, es posible que el cierre de acceso a información pública y la descalificación de los retornados haya coincidido con la saturación de los precarios albergues disponibles. De inmediato se comenzó a generar una corriente de opinión contraria a los retornados mediante el señalamiento expreso de los casos de personas afectadas por COVID-19 provenientes de Colombia y Brasil, en los partes oficiales diarios sobre el estado de la pandemia en el país. Pocos días después, el 7 de junio, Maduro anunció una restricción del ingreso de retornados, reduciéndolo a 400 personas tres veces por semana, por los pasos entre Norte de Santander / Táchira (300 personas) y Arauca / Apure (100 personas) .

Ante esta situación, el director de Migración Colombia estimó que, de mantenerse la restricción de paso a 400 personas, tres días por semana, el retorno de quienes se encuentran a la espera de volver a Venezuela podría llevar unos 6 meses, tomando en cuenta que hay todavía unas 24 mil personas represadas en diferentes ciudades de Colombia