+VIDEO | La tensión no cesa para pobladores de Apure ante los conflictos armados - 800Noticias
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800Noticias | @CrisbelVarela

La Capilla, Tres Esquinas, El Ripial y Los Canitos son caseríos desolados tras el desplazamiento de venezolanos por el conflicto en el estado Apure entre miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército venezolano. Mientras que en La Victoria todavía queda un número importante de habitantes atemorizados por la presencia de los grupos irregulares, según Juan Francisco García, coordinador de la ONG Fundaredes en la entidad. 

García destaca que los pobladores tienen deseos de volver a sus hogares, pero no pueden hacerlo si no cesa el conflicto que se viene suscitando desde el pasado 21 de marzo. El 27 de abril, desde La Victoria, reportaron la toma del paso del río por las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), lo que impide que los venezolanos puedan trasladarse a la localidad colombiana de Arauquita en busca de refugio, zona a la que vienen acudiendo desde que comenzó el conflicto.

“La población mantiene esperanzas reales de volver a su territorio, de recuperar sus casas, sus hogares, porque es lo único que tienen. La gente tiene mucha preocupación, mucho trauma por la situación. Sin embargo, hasta que el conflicto no cese y al parecer, por los últimos hechos que empiezan a destacarse allí, eso está muy lejos de ocurrir. La población no tiene manera de volver a sus hogares”, expresó García durante una entrevista para 800 Noticias.

La ONG ha documentado cómo los habitantes son sacados de sus hogares y al regresar, tras ser llevados al destacamento militar, encuentran sus casas saqueadas y sus bodegas robadas.

Han tenido pérdidas de animales, de ganado vacuno, además se intenta criminalizar a las familias de las comunidades que no tienen ningún vínculo con la guerrilla pero que son aparentemente ajusticiados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo que luego intenta hacer ver a los pobladores como miembros de los grupos guerrilleros.

Fundaredes, que viene denunciando desde hace años la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano, considera hoy insuficientes las respuestas del Estado ante el conflicto.

Por una parte el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, emite un comunicado que a juicio de García es “escueto”, que no precisa el número de soldados caídos, mientras que Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), envía más militares a Apure para “expulsar” a grupos irregulares.

Hace pocos días Human Rights Watch (HRW) presentó un informe en el que pide información de los hechos registrados tanto a la Fiscalía General de la República como a la Defensoría del Pueblo y estos no respondieron a la solicitud.

“El silencio del Estado en este asunto es una denuncia que hacemos frecuentemente, es la opacidad y la intención de ocultar la verdad con referencia a todo lo que viene ocurriendo en Apure. De hecho, el comunicado del ministro de Defensa nos parece un comunicado muy escueto, panfletario, que dice mucho para no decir nada, mientras el pueblo reclama las actuaciones que están allí», remarca García. 

Añade el activista que incluso hay algunas denuncias de que el Ejército venezolano se está apoyando en sectores de las FARC y el FBL para ir en contra de la parte de ese grupo que corresponde al comando de Gentil Duarte, Ferley González y Arturo Ruíz. Toda esta acción, según su óptica, estaría impulsada por otra FARC que es «aliada al régimen, aliada a la tiranía de Maduro, que a su vez es comandada por Jesús Santrich e Iván Marquez”.

El director de Fundaredes, Javier Tarazona, detalló durante una entrevista para Tal Cual que durante ya un poco más de un mes Apure vive una situación de conflicto interno armado donde, según dice, los disidentes de las FARC pretenden controlar espacios fronterizos para el narcotráfico. Además afirma que los pobladores se han visto sometidos a desapariciones forzadas, allanamientos ilegales, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desplazamiento de comunidades indígenas y desplazamiento forzado.

Ante la situación donde los derechos humanos fueron vulnerados para más de 5.000 venezolanos desplazados, tanto Fundaredes como Gaby Arellano, presidenta de la subcomisión de asuntos fronterizos de la Comisión Delegada, solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que envíe una misión especial al estado en conflicto. Sin embargo hasta la fecha no hay presencia de organismos internacionales en el territorio.

“Nosotros hemos documentado toda la situación y la hemos consignado tanto al Ministerio Público como a los organismos internacionales, tanto a la ONU como a la OEA, y a todas las sedes internacionales que deberían conocer este conflicto. Hasta ahora no hay presencia de ningún organismo internacional en Apure, solo están atendiendo a los desplazados en Arauquita”, detalló el entrevistado. 

Mientras se espera la actuación de organismos internacionales, las FARC acusan a la FANB de ser violadores de derechos humanos, lo que García cuestiona por ser una organización que se mantiene en Apure desde hace años violentando los derechos de la población.

Las FAES también tienen un papel en Apure

Aunque la ONU pidió el desmantelamiento de las FAES en el año 2019, durante la presentación del informe sobre la situación en Venezuela, el chavismo hizo caso omiso y este año sumó al cuerpo de seguridad al operativo de Apure.

“Las FAES cumple en Apure el mismo papel que se viene denunciando ante organismo internacionales. Las FAES son un organismo acusado de violentar los derechos humanos de forma recurrente, es una organización criminal que sostiene a la dictadura, es un grupo élite para la represión y el control social y el ajusticiamiento de la población”, dijo Juan Francisco García. 

Tarazona ha cuestionado las operaciones militares en Apure y atribuye un agravamiento de la crisis en la entidad a la decisión de Nicolás Maduro de incorporar al operativo a las  FAES. 

“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco en el informe presentado. 

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