+ VIDEO | La batalla legal sobre el «brexit» espera por la sentencia del Supremo
Efe
La batalla legal para decidir quién tiene legitimidad para iniciar el «brexit«, el Gobierno o el Parlamento, concluyó hoy tras cuatro jornadas en el Tribunal Superior británico, que a principios del año entrante dictará una sentencia histórica que modificará el marco constitucional del Reino Unido.
El Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, espera que la máxima instancia judicial británica revoque la decisión que tomó en noviembre el Tribunal Superior, que le obliga a pedir permiso al Parlamento antes de iniciar formalmente la salida de la Unión Europea.
Frente a los argumentos del Gobierno, abogados de diversos ciudadanos han sostenido que evitar un voto en la Cámara de los Comunes socavaría sus derechos constitucionales, mientras que Escocia, Gales e Irlanda del Norte han reclamado que sus Parlamentos autonómicos sean consultados antes de iniciar la ruptura.
Por primera vez, los once magistrados permanentes del Supremo evaluarán un caso que ha provocado un desacuerdo entre los expertos legales en el Reino Unido, un país que no cuenta con una Constitución escrita.
En la última sesión del proceso, el letrado Richard Gordon, en representación del Gobierno regional galés, afirmó que si el Ejecutivo invoca una antigua prerrogativa real para romper de forma unilateral los vínculos con la UE estará dando un paso «de naturaleza sísmica».
Gordon alertó además de que el voto a favor del «brexit» en el referéndum del 23 de junio ha «dividido el Reino Unido en cuatro partes», en referencia a las regiones de Escocia, Irlanda del Norte, Inglaterra y la propia Gales.
En la misma línea, el abogado general del Gobierno escocés, James Wolffe, defendió durante el proceso que los diputados deben dar su consentimiento para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia formalmente la desconexión de Londres y Bruselas.
Wolffe dijo asimismo que la cámara de Holyrood (Edimburgo) debe dar su consentimiento, dado que también están en juego los derechos de los escoceses, que en la consulta de junio votaron mayoritariamente en contra del «brexit«.
Los gobiernos regionales se sumaron en el Supremo a un proceso que se inició a raíz de la iniciativa de algunos ciudadanos, como la empresaria británica Gina Miller, cuyos abogados han argumentado que la salida de la UE implica que los británicos perderán las ventajas adquiridas en 1972 con la entrada en la Comunidad Económica Europea.
Esos derechos solo pueden ser revocados por el Parlamento, según los letrados, a quienes el Tribunal Superior ya dio la razón hace pocas semanas.
El Gobierno, en cambio, considera que el referéndum en el que el 51,9 % de los votantes optó por el «brexit«, así como una antigua prerrogativa que le otorga poderes ejecutivos para tomar decisiones en nombre de la reina, jefa del Estado, son suficientes para activar el artículo 50.
Si el Supremo mantiene la anterior decisión de los jueces, el Gobierno se vería obligado a tramitar una nueva ley que le permita iniciar el «brexit«, aunque May ha recalcado que ese escenario no retrasaría el calendario con el que se ha comprometido.
La primera ministra prevé iniciar las negociaciones con Bruselas antes de abril del próximo año, por lo que la salida material de la Unión Europea podría producirse a principios de 2019.
El Gobierno podría presentar ante las cámaras una ley de una sola línea para obtener lo antes posible el permiso del Parlamento.
El Partido Laborista, el primero de la oposición, ha adelantado que no tiene intención de retrasar la decisión de activar el artículo 50.
El fallo del Tribunal Superior en contra del Gobierno a principios de noviembre provocó numerosas críticas a los magistrados en los medios británicos.
«Los jueces contra el pueblo», tituló en portada tras el fallo el periódico «The Daily Telegraph», un enfoque similar al del tabloide «Daily Mail», que calificó a los magistrados de «enemigos del pueblo».
Anticipándose a posibles críticas, el presidente del Tribunal Supremo, David Neuberger, recalcó al dar por concluida la cuarta y última sesión del proceso que los jueces no están valorando si «se da marcha atrás al resultado del referéndum».
«La cuestión en este caso tiene que ver con el proceso por el cual aquel resultado puede ser llevado a efecto de forma legal», afirmó el magistrado. EFE
