Vicepresidenta de Nicaragua afirma que las sanciones de EEUU no son merecidas
EFE
La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, afirmó este viernes que las sanciones económicas de Estados Unidos hacia la familia de su esposo, el presidente Daniel Ortega, y a sus allegados, están dirigidas hacia los nicaragüenses, y que no son merecidas.
«Las medidas que han tomado contra el pueblo nicaragüense, no contra personas, son medidas que el pueblo nicaragüense no merece», dijo Murillo, en una alocución emitida a través de medios del Gobierno.
En días recientes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones económicas contra el hijo del presidente y la vicepresidenta de Nicaragua, Laureano Ortega Murillo, y al Banco Corporativo (BanCorp), una subsidiaria de la empresa mixta Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), financiada por el régimen venezolano.
La vicepresidenta Murillo y su consuegro, el jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, entre otros allegados a Ortega, ya habían sido sancionados en 2018.
Las sanciones, que bloquean todos los bienes o intereses en Estados Unidos de los afectados y de ciudadanos estadounidenses relacionados con ellos, han sido aplicadas a nicaragüenses que Washington considera implicados en casos de corrupción y violación a los derechos humanos.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia afirmó este vienes que hasta ahora no existen sanciones generales hacia la economía nicaragüense y que, en cambio, son dirigidos a personas específicas.
Murillo insistió en que las sanciones «afectan la economía nicaragüense», así como «a los más pobres en particular, y eso no es ni cristiano, ni justo».
La Alianza indicó esta mañana que afirmar que las sanciones afectan «a los más pobres» es «una campaña engañosa» del Gobierno, ya que únicamente afectan a los mencionados.
Desde el pasado miércoles, tanto Ortega como el canciller Denis Moncada, así como Murillo, han insistido en pedir a la Alianza Cívica que interceda ante la comunidad internacional para que suspenda las sanciones.
La Alianza ha respondido que no lo hará mientras el Gobierno no demuestre «acciones concretas» para superar la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, entre ellas la liberación de los «presos políticos», respetar la Constitución en lo referido a las libertades ciudadanas, garantizar justicia para las víctimas de la crisis sociopolítica y permitir el retorno de la democracia.
Murillo dijo tener «esperanza y confianza en Dios, y sabemos que Dios y su justicia prevalecerán».
La crisis que atraviesa Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organizaciones locales cuentan hasta 568, y el Gobierno reconoce 199.
Los defensores de los derechos humanos advierten de 809 «presos políticos» en Nicaragua, de los que Ortega reconoce poco más de la mitad, y los llama «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes.
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de «lesa humanidad».
