Venezuela, voto legítimo para unas elecciones a la medida
EFE
El empeño de la administración de Maduro en convencer de la transparencia y legitimidad del voto en las elecciones legislativas, programadas para el 6 de diciembre, ocupa el tiempo y los medios dedicados a una campaña sin tregua, enfocada a persuadir a los incrédulos y a opacar las voces que acusan al chavismo de programar unos comicios a la medida para un triunfo seguro.
Pero la herencia de elecciones anteriores, tanto presidenciales como parlamentarias, resta credibilidad al plan diseñado para convencer, y ni las auditorías de las máquinas, transmitidas en vivo por la televisión pública, ni las palabras del propio Nicolás Maduro sobre la inviolabilidad del sufragio convencen a quienes han vivido comicios bajo sospecha.
Sin embargo, pese a la incredulidad y desconfianza de millones de ciudadanos antichavistas, la legalidad del voto está garantizada. Y lo está porque no será necesaria la manipulación del sufragio para que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se alce con la victoria y recupere el Parlamento, en manos de la oposición desde 2015.
Control absoluto
Todo está listo para un triunfo asegurado: rivales peligrosos fuera de juego, juntas directivas de partidos opositores domesticadas y opciones de voto de detractores del oficialismo anuladas. No hay nada que temer. El sufragio será escaso, pero suficiente para lograr el objetivo.
Con el juego electoral bajo control, lo mejor que podría pasar al todopoderoso PSUV sería una jornada electoral bajo observación internacional, con luz y taquígrafos, cientos de flashes inmortalizando la transparencia de la que hacen gala y los focos apuntando a ese voto sin mácula.
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Pero ya es demasiado tarde. Las misiones de observación, tal y como está establecido para cualquier país, deben supervisar el proceso completo, no solo la jornada electoral o los días previos. La norma es clara, así que la invitación fuera de plazo del Gobierno a la Unión Europea (UE) para enviar observadores forma parte de un juego que, lejos de sumar credibilidad, logra el efecto contrario.
Así se desprende de las numerosas reacciones del electorado, de la oposición y de gran parte de la comunidad internacional, que ven el llamamiento tardío a observar los comicios como una estrategia más del chavismo.
Pero de nada sirve un final con juego aparentemente limpio si se amañó con antelación, si se impusieron unas condiciones a medida con la connivencia del todos los poderes del Estado, con el Ejecutivo a la cabeza.
A partir del 5 de enero, fecha en la que tomarán posesión los diputados electos, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) volverá a ser chavista sin remedio, tras cinco años en poder de la oposición.
Cronología de una amaño
Un lustro sin el control del Parlamento provocó muchos quebraderos de cabeza al Gobierno. La oposición, desde la presidencia del Legislativo, hizo llegar su voz a rincones insospechados del planeta y cosechó más simpatías de las que el Ejecutivo hubiera imaginado.
Era, entonces, necesario recuperar el mando perdido a cualquier precio, así que todo comenzó con detenciones de diputados opositores, activistas, periodistas o cualquiera que fuese voz discordante del Gobierno de Nicolás Maduro o de su partido.
Con las elecciones programadas para el 6 de diciembre, empezó una carrera de fondo para eliminar obstáculos que impidiesen recuperar el Parlamento.
Los primeros pasos se encaminaron a inhabilitar a miembros de partidos opositores que pudieran amenazar el triunfo chavista, incluido Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y cara visible del antichavismo dentro y fuera de Venezuela desde hace algo más de año y medio.
Apenas dos meses después de que su nombre corriera por los medios nacionales e internacionales, el opositor fue inhabilitado por «no justificar las fuentes de sus ingresos e incurrir en fraude fiscal», informó entonces la Contraloría General de Venezuela.
La omisión en la declaración llevó a las autoridades a inhabilitar a Guaidó con la sanción máxima, que supone quince años de suspensión en el desempeño de cualquier cargo público.
A este hecho, siguieron numerosas detenciones, algunas de ellas por motivos todavía desconocidos, de diputados opositores y la huida de otros, que abandonaron el país para evitar ser capturados.
En junio de este año, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó la junta directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que es una tarea de la Asamblea Nacional (AN), pero, según el ente judicial, el Parlamento hizo omisión de su función de nombramiento, por lo que se tomó la atribución, pese a que todavía no estaba agotado el plazo para que el Legislativo pudiera proceder.
El TSJ, cuyos magistrados son cercanos al chavismo, nombró a personas de confianza de la misma línea ideológica para controlar, desde el CNE, todo lo tuviera que ver con las elecciones, y puso al frente a Indira Alfonzo, sancionada por Canadá.
Posteriormente, entre los meses de junio y agosto, el TSJ inhabilitó las juntas directivas de los partidos opositores mayoritarios y nombró para las mismas a políticos con historial tránsfuga y cercanos al oficialismo, aunque algunos se afanaron en negarlo, pero ellos mismos se delataron con su proceder.
Los partidos intervenidos son Copei, Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), aunque a este último, se le levantó el castigo a principios de septiembre.
Pero también se quitaron de en medio algunas voces discordantes de partidos de izquierda cercanos al chavismo que discrepaban de las políticas del PSUV y en su lugar pusieron a personas de su confianza.
Los damnificados en este sector fueron Bandera Roja (BR), Compromiso País (Compa), Tendencias Unificadas Para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) y Patria Para Todos (PPT).
Las nuevas juntas directivas podrán utilizar las tarjetas electorales, logos, símbolos, emblemas, colores o cualquier otro elemento de los partidos originales, aunque sus líderes nada tengan que ver con los principios de dichas formaciones.
De este modo, los votantes tradicionales de los partidos intervenidos podrán votar a sus colores, pero saben que si lo hacen, estarán dando su apoyo a unos líderes impuestos que nada tienen que ver con la línea ideológica en la que fueron fundados.
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Preparados, listos
Las opciones para emitir un voto antichavista son escasas. Apenas un puñado de partidos opositores sin representación significativa en el país, algunos de ellos completamente desconocidos por la gran mayoría de venezolanos. Son formaciones que no amenazan el triunfo del oficialismo.
Con los enemigos peligrosos fuera de juego, nada impedirá el triunfo, así que ahora es el momento de publicitar y garantizar el voto legítimo, sin trampa ni cartón, y de repetir incansablemente que están invitados a observar los comicios invitados internacionales cualificados.
Pero la UE, que siguió el proceso nombramiento de la directiva del CNE, de inhabilitaciones de partidos y demás estrategias desde fuera, rechazó la invitación porque «no se dan las condiciones para unas elecciones justas, limpias y transparentes».
La única opción sería aplazar los comicios unos 6 meses para poder organizar una misión de observación que pudiera estar en el país desde el comienzo del proceso, no solo en la recta final, cuando todo está bajo el control del chavismo, propuesta que el Gobierno rechazó.
Los titulares del 7 de diciembre ya están listos: el oficialismo recupera la Asamblea Nacional.
