Venezolanos en Ecuador exigen una «disculpa pública» a ministra tras arrestos

EFE

Las asociaciones de venezolanos en Ecuador exigen a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, una «disculpa pública» por las detenciones «arbitrarias» de compatriotas en medio de las protestas sociales que vivió el país y por exponer con ello a esta comunidad emigrante a actos de xenofobia.

La responsable anunció hace una semana la detención de 17 detenidos, en su mayoría venezolanos, a los que se sumaban un ecuatoriano y otro cubano, por supuestamente tener en su poder información sobre los movimientos del presidente, Lenín Moreno.

Quince de los detenidos fueron puestos en libertad un día después del arresto, que se produjo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la capital, al no encontrarse pruebas en su contra.

Sin embargo, aún quedan dos detenidos de nacionalidad venezolana, además del ecuatoriano y el cubano, a la espera de una audiencia el próximo lunes en la Unidad de Flagrancia de Quito, en la que se determinará si son procesados por el delito de asociación ilícita.

De acuerdo a Eduardo Febres, representante de la fundación Venezolanos en Ecuador (Funvex), los cuatro detenidos son trabajadores de Uber y se los encontró en «un carro jugando cartas y esperando que lleguen las carreras» de la vecina terminal.

En el momento de su detención, el 10 de octubre, una semana después del inicio de las movilizaciones en todo el país en protesta a la subida de los carburantes, estos trabajadores de aplicaciones de transporte y que no acataron el paro nacional, se encontraban en una estación de servicio donde suelen esperar las carreras.

Lo hacen en ese lugar, donde pagan a un responsable de la gasolinera una mensualidad para no tener que abonar las horas de espera en el estacionamiento aeroportuario.

Febres indicó que algunos de ellos, «en admiración al presidente» se acercaron en alguna ocasión para tomarse fotos con él, así como del avión presidencial que parte de la terminal de Tababela, donde se ubica el aeropuerto, «como cualquier otro curioso».

«Los trabajadores de Uber dijeron que no se iban a sumar al paro, por respeto y como venezolanos a fin de no inmiscuirnos en situaciones políticas. La seguridad presidencial los vio en una supuesta actividad sospechosa y se los llevó detenidos», añadió.

Falsas acusaciones 

Por su parte, Daniel Regalado, presidente y representante legal de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador AC, refirió que tras la detención de todo el grupo, salieron a la luz informaciones de que los arrestados portaban armas blancas y que podrían estar implicados en actos de terrorismo.

«Se trata de falsas acusaciones de que tenían utensilios que uno puede portar a título privado en un carro, como una navaja en una guantera, y un bate. No hay conductor que no lleve un bate», censuró al recordar que los hechos se produjeron en plena protesta social, donde hubo asaltos, cortes de carretera y violentos disturbios.

Romo tuiteó el día de las aprehensiones que la mayoría de los 17 detenidos eran venezolanos y que «cada nuevo evento confirma todos los intereses que están detrás del caos en el país», en alusión a la tesis esgrimida por el Gobierno de supuestos intentos de desestabilización auspiciados por el régimen de Nicolás Maduro.

Estas detenciones, que son tachadas de «arbitrarias» tanto por las asociaciones venezolanas, como por familiares de los detenidos, han provocado indignación entre la comunidad emigrante que considera que cada vez que el Gobierno se encuentra en una situación comprometida apunta al colectivo ya de por sí vulnerable.

Y es que en enero pasado, el femicidio de una gestante en plena calle a manos de un venezolano en Ibarra, llevó al Gobierno a adoptar la solicitud de documentos apostillados y vehementes declaraciones que condujeron a actos de xenofobia en varios puntos de Ecuador, donde residen unos 400.000 venezolanos.

Simón Revilla, hermano de uno de los detenidos que fue puesto en libertad, Luis Miguel Gómez del Moral, explicó a Efe que este lleva tres años en el país donde trabaja para Uber y Cabify, con sus papeles en regla y un hijo nacido en Quito.

«Le acusaron de conspiración y de tener un croquis y fotos del avión (presidencial), pero ninguno de los tres que conozco estaba metido con eso», defiende el hermano.

Argumenta que el caso se dio porque «querían desviar el problema que estaba pasando y los venezolanos éramos la carnada».

A la luz de lo ocurrido, Cordero aclara: «Hemos exhortado a la ministra, María Paula Romo, que emita una disculpa pública a los venezolanos que han sido señalados porque hoy día la comunidad ecuatoriana piensa que eran unos terroristas».

En la misma línea, Regalado insiste en que «las familias piden una rectificación del Gobierno por este tipo de violaciones de derechos hacia una comunidad, que en su 99,9 por ciento es honrada». EFE