Venezolano investigado en Guatemala presuntamente está ligado a PDVSA
María Morales/ Con Información del Pitazo
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, Cédula: 7.760.598, oriundo de Maracaibo, nacido el 5 de abril del año 1963, presuntamente está ligado a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Socorro Urdaneta, presenta algunas demandas civiles que se pueden ver en el sitio web del TSJ.
Según Hidalgo Socorro Urdaneta, es socio de Enoc Segundo Martínez Carrasquero, en empresas en Venezuela, Panamá y EEUU, una de ellas cuyas acciones fueron embargadas este viernes en Guatemala.
Socorro Urdaneta, presuntamente vive en Miami y Singapur. Al parecer posee varias viviendas en Miami; las direcciones que aparecen es: 6834 Nw 113 Pl, Doral Fl 33178; así como en 3100 NW 72ND AVENUE STE 108, MIAMI, FL, 33122; y 9533 NW 41 St, Miami, FL, 33178.
PDVSA
El mayor contrato logrado por Martínez y Socorro con Pdvsa fue precisamente el del Aban Pearl, el mismo que les permitiría ingresos diarios de $730 mil diarios, de los cuales $380 mil ingresarían a las arcas de los dos socios luego de cancelar lo que correspondía a Aban Off Shore por el alquiler del taladro.
Por los montos de la contratación, la firma entre Pdvsa y Petromarine tuvo que ser aprobada por la presidencia de la estatal petrolera, encabezada por Rafael Ramírez. Así lo reseña el Diario El Pitazo.
Incluso, Pdvsa sufragó los gastos para reflotar el Aban Pearl cuando se hundió en las costas de Trinidad en medio de una inspección que efectuaba personal de la petrolera venezolana.
Pero al final no llegarían a cobrar ni 100 millones de los $1.3 mil millones del contrato entre Pdvsa y Petromarine Energy Services, porque el Aban Pearl se hundió definitivamente en Paria cerca de 15 días después de iniciar operaciones.
Investigación Guatemala
Fiscales de Guatemala realizaron este viernes un allanamiento en el Banco de los Trabajadores (Bantrab) y embargaron una cuenta de un inversionista venezolano de nombre Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, que figura como representante legal de DHK Finance INC Panamá.
Luego del análisis, la fiscalía contra el Delito de Lavado de Dinero y otros activos del Ministerio Público (MP) gestionó una orden judicial que decreta una medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión de las acciones y propiedades de la cuenta tras una inversión millonaria, ya que el dinero proviene, supuestamente, de una “actividad ilícita”.