Vejez en riesgo | 372 adultos mayores murieron de forma violenta durante 2020 - 800Noticias
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De acuerdo con cifras publicadas por la organización civil Convite, entre enero y diciembre del año 2020, «372 personas mayores perdieron la vida de forma violenta» en el país.

El informe destaca que en el año 2020, «178 personas mayores murieron víctima de la delincuencia, 69 por descuido o negligencia, 46 por responsabilidad del Estado y 79 por otras causas violentas».

La organización destacó, que de «las 187 personas mayores que perdieron la vida en el segundo semestre de 2020, 61% (114), tenía entre 60 y 70 años».

Informe:

Las muertes violentas de personas mayores están vinculadas a la responsabilidad del Estado porque su obligación, establecida en los diferentes acuerdos y convenciones internacionales, es proteger, cuidar y mantener las condiciones materiales de vida que eviten la exposición anticipada al riesgo de morir de las personas mayores. Sus responsabilidades van desde la garantía del derecho a la vida y a la integridad hasta el ejercicio pleno de todos los demás derechos humanos.

En este sentido, salvo algunas defunciones por causas accidentales y otras causas externas, el resto de las muertes violentas de personas mayores tienen, directa o indirectamente, relación con las acciones u omisiones del Estado, señala el Informe de Victimización: Vejez en riesgo, realizado por la Asociación Civil Convite.

De acuerdo a lo señalado en el Informe de Victimización de Personas Mayores, estas muertes podrían haberse prevenido y evidencian la negligencia y el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado venezolano frente a amenazas procedentes de particulares y de entes público o privados.

Muertes por Covid-19

En el segundo semestre de 2020, el estudio realizado por Convite registra un total de 539 muertes de personas mayores por Covid-19 o causas relacionadas. De esta cifra 71 defunciones corresponden a adultos mayores que trabajaban en el sector salud.

“Estas muertes tienen  directa o indirectamente, relación con las acciones u omisiones del Estado, como el no cumplimiento de sus obligaciones dirigidas al sistema de protección de la salud para prevenir las muertes tempranas de las personas mayores”, resalta el informe.

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