Varias ONG piden la liberación «sin restricciones» de Rocío San Miguel
EFE/foto referencial
Organizaciones no gubernamentales de Venezuela exigieron este martes la liberación «sin restricciones» de la activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG dedicada a asuntos militares Control Ciudadano, quien hace cinco meses -señalaron- fue detenida de manera «injusta».
«Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones pedimos su liberación inmediata y sin restricciones», escribió en la red social X esta organización, quien expresó que la detención de la activista, el 9 de febrero, fue «injusta y arbitraria».
El observatorio señaló que San Miguel lleva cinco meses «de sufrimiento» en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, durante los que -agregó- no ha podido «nombrar a sus abogados de confianza».
Acceso a la Justicia -a través de X- exigió la «inmediata liberación» de la abogada, cuya detención también calificó de «arbitraria», y aseguró que «ha sido víctima» de «violaciones a sus derechos», entre ellos, a la defensa y al debido proceso.
San Miguel, acusada por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo el 19 de febrero que San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países.
El pasado 3 de julio, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, afirmó que, en el último año, su institución ha documentado un incremento de «las amenazas, el acoso y los asaltos contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces críticas».
Türk denunció, al menos, 38 casos de detención arbitraria en este sentido, y mencionó los casos concretos de San Miguel y Carlos Julio Rojas, «detenidos desde el 9 de febrero y el 15 de abril, respectivamente, sin acceso a una defensa de su elección».
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