UVL: Tener a un familiar detenido genera graves consecuencias
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De acuerdo a la más reciente investigación realizada por Una Ventana a la Libertad los familiares de los detenidos que se encuentran en los centros de detención preventiva del país son víctimas, por igual, del sistema penitenciario venezolano.
En el documento, titulado “Familia de los detenidos en los centros de detención preventiva: Víctimas por parentesco”, se explica detalladamente que tener a un familiar detenido en un calabozo policial venezolano tiene graves consecuencias psicológicas, económicas y sociales.
La investigación demuestra que los parientes, en su mayoría mujeres de muy bajos recursos económicos, se ven en la obligación de resarcir las deficiencias e incumplimientos del Estado venezolano.
Luego de entrevistar a un grupo importante de familiares la organización llegó a la conclusión de que visitar, alimentar, mantener sano y trasladar a tribunales a un detenido puede tener un costo mensual aproximado de 300 dólares americanos. Cabe destacar que esta cantidad no incluye el pago de honorarios a un abogado privado.
“Esto obviamente es inalcanzable para la mayoría de las familias venezolanas de bajos recursos económicos que tienen a un familiar detenido. La situación se agrava aún más cuando se tienen dos o más familiares en prisión”, indica el documento.
Consecuencias psicológicas
Los familiares entrevistados para esta investigación manifestaron que al tener conocimiento de que uno de sus parientes había sido detenido sufrieron ataques de pánico y sintieron mucho miedo.
Las madres, de manera muy particular, manifestaron que tener un hijo detenido, sin entrar en el tema de la culpabilidad o no, es un duelo, en consecuencia, la situación se traduce en un largo proceso de aceptación y adaptación a esa nueva realidad.
“Es un proceso que vamos asumiendo con el paso del tiempo y con mucho dolor”, indicaron las mujeres.
No obstante, los hombres entrevistados en su condición de padres también manifestaron igual afectación emocional.
Las madres, hermanas y esposas agregaron que ellas son castigadas y humilladas constantemente, es decir, los funcionarios o custodios y la sociedad en general las trata como si fueran culpables del error cometido por el familiar que se encuentra detenido.
“Tener a un familiar detenido produce rupturas muy graves en el seno de la familia”, indicaron.
Todos los testimonios apuntan a que los familiares de los detenidos sufren estrés prolongado, trastornos de sueño, mucha rabia y angustia al saber que el detenido puede recibir una herida mortal, enfermarse a ser trasladado inconsultamente.
El retardo procesal es otro de los aspectos que genera, entre los familiares de los detenidos y detenidas, otra emoción negativa denominada impotencia.
“No es fácil recuperar la armonía familiar después de un hecho así, es un sufrimiento permanente”, indicaron los entrevistados.
Consecuencias económicas
En esta investigación inédita, la organización dirigida por el abogado Carlos Nieto Palma tomó en consideración el contexto socioeconómico que vive la Venezuela de hoy, de hecho, destacan que más de la mitad de las familias venezolanas tienen solo a una mujer asumiendo las riendas del hogar y que el sueldo mínimo y la pensión de vejez no alcanza los 4 dólares mensuales.
“Por lo general los familiares de los detenidos trabajan en el sector informal, cuidando a personas de la tercera edad o limpiando casas de familias adineradas”, se aprecia en el documento.
UVL recuerda que en mayo 2024 se requerían 166 salarios mínimos para cubrir la canasta básica familiar y que el índice de inflación acumulada en abril de este año alcanzó el 10,9%.
De igual manera la organización destaca que la deserción escolar, la migración, la desnutrición y la falta de oportunidades son galopantes dentro de la sociedad venezolana.
“En medio de este contexto socioeconómico cómo una familia de escasos recursos económicos puede enfrentar una situación cuando un miembro de la casa comete un delito o es acusado de cometerlo y es detenido”, se preguntan los investigadores.
A pesar de su propia precariedad económica los familiares de los detenidos deben disponer de muchos recursos para atender la inesperada situación: pasajes, pasar la comida, agua potable, medicamentos, productos de aseo personal y traslados a tribunales (pagar la gasolina).
“No solo son los guardias o custodios los que exigen dinero por todo, también los fiscales y los abogados privados piden mucho dinero y por lo general no hacen nada”, informaron los entrevistados.
Se logró determinar que casi un 70% de los detenidos o detenidas eran los únicos que trabajaban o aportaban la mayor cantidad de dinero en el hogar, es decir, que después de su detención la situación económica de la familia empeoró.
Mención aparte merecen aquellos casos cuando la detenida es una madre de familia y deja en el hogar a uno o varios hijos y es una abuela, adulta mayor, enferma y cansada la que debe velar por el destino de los infantes.
Consecuencia Social: El Estigma
Los familiares indicaron que cuando se conoce públicamente que alguien de ese barrio, comunidad o residencia está detenido por cometer un delito penal o político, comienzan a vivir una desagradable situación de discriminación y humillación.
“No importa lo bien que te hayas portado siempre, esa mancha te acompañará toda la vida”, indicaron.
No solo sucede en la comunidad, las entrevistadas señalaron que los guardias y custodios las humillan constantemente.
Las mujeres manifestaron que se trata de un tema de poder, de control y de machismo.
“Tenemos que dejarnos humillar, aceptar los malos tratos y ser sumisas porque el que corre peligro es nuestro hijo o familiar que está en el calabozo”, precisaron.
Al unísono reconocen que deben aprender a vivir con el abuso y el maltrato para garantizar, a veces sin éxito, la seguridad de la persona que está privada de libertad.
Visitas y requisas
Los familiares de los detenidos informaron que en el mejor de los casos van a visitar a su pariente una vez a la semana.
“Todo depende de si tenemos o no para el pasaje y para comprar algunos insumos”, dijeron.
Se conoció que el tiempo de visita, aunque paguen por este concepto es relativo porque a veces la situación solo les permite un encuentro de 5 minutos que no alcanza para conversar en privado o expresar suficiente afecto.
“Las visitas son un caos porque en los retenes policiales no hay espacios especiales para los encuentros, además las requisas son un procedimiento muy humillante”.
Las visitas convierten a los familiares en testigos excepcionales del hacinamiento, la insalubridad, la falta de ventilación, la no clasificación y de las precarias condiciones de reclusión que viven los detenidos.
“Sesenta y un por ciento de los entrevistados dijo que estos lugares son hediondos y hay presencia de basura y animales rastreros”, se lee en el documento.
Al ser consultados sobre qué concepto tienen de la palabra “justicia”, los familiares de los detenidos venezolanos respondieron: “No existe justicia”, “La justicia no sirve, no funciona”, “Sin dinero no hay justicia” y “Solo Dios sabe”.
Demandas y exigencia
Ante la situación antes descrita los familiares de los detenidos exigen, entre otras cosas, agilizar los procesos judiciales, mejorar el sistema de administración de justicia, detener la corrupción, disponer de mejores investigadores, hacer seguimiento a los funcionarios, escoger minuciosamente a quienes realizan las funciones de defensoría, mejorar los espacios en los CDP y suministrar alimentación adecuada a los detenidos.
Como se recordará los centros de detención preventiva son lugares destinados para detener solo por 48 horas a una persona que haya incurrido en algún delito penal.
De acuerdo al testimonio ofrecido por algunos familiares en estos retenes hay personas que tienen hasta 5 y 2 años recluidos ilegalmente en estos lugares.
Equipo y Metodología
El equipo encargado de la mencionada investigación lo integran: la psicóloga social Magaly Huggins, Norelys Marín y Carol Carrero.
Cabe destacar que la metodología que se utilizó fue la entrevista y para ello se contó con la participación de 24 investigadores (todos periodistas), a nivel nacional.
Se entrevistó, cuidando la identidad, a la cantidad de 24 familiares (70% mujeres, 30% hombres) de detenidos.
Los testimonios dieron como resultado los datos inéditos que se reflejan en el referido informe y otros aspectos que UVL guardará con recelo.
De igual forma se analizó el contenido de las llamadas “alertas” que desde enero hasta junio de 2024 han emitido los investigadores de la organización.
Nota de Prensa
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