Universidad china enviará fotografías de estudiantes borrachos a sus padres
EFE
Evitar que los estudiantes beban alcohol es el objetivo de un original programa implementado en una universidad china por el que se enviarán fotografías de los alumnos en estado de embriaguez a sus padres.
El diario local Shine informa hoy de la nueva política de la Universidad de Artes de Yunnan (Kunming, suroeste de China) por la que se imprimirán las fotografías de cualquiera que sea sorprendido bebiendo.
Las vergonzantes instantáneas serán luego entregadas a sus padres, quienes serán invitados a la escuela para «ayudar a educar a sus hijos», apunta la nota.
La noticia no especifica de dónde se obtendrán las fotografías pero en China son centenares las cámaras de vídeo instaladas en las vías públicas que vigilan y controlan a los ciudadanos, bajo la premisa de garantizar la seguridad del país.
Según asegura el periódico, lejos de escandalizarse los estudiantes han mostrado su apoyo a las acciones de la escuela.
«Creo que es algo bueno», apunta un estudiante, pues «a veces veía a estudiantes borrachos hablando en voz alta y caminando torpemente por la noche en el campus, lo que influía en los demás y era perjudicial para la imagen de la escuela».
Ésta no es la primera vez que la universidad, que tiene una calle de bares cerca, ha intentado llevar a cabo acciones para obstaculizar el consumo de alcohol de los estudiantes.
El semestre pasado, los maestros de la escuela patrullaron fuera de los bares cerca del campus con un megáfono en un intento de disuadir a los estudiantes de beber y regresar a sus dormitorios temprano.
El centro probará este método ahora que de nuevo plantea los límites entre la seguridad y la privacidad en China, un país en el que las autoridades recopilan información de los ciudadanos a través de la policía, redes de transporte, alojamientos turísticos, grabaciones de cámaras urbanas, otros departamentos gubernamentales e incluso compañías privadas.
Hace unos meses, la organización Human Rights Watch (HRW) pidió al Gobierno que dejara de construir plataformas de «big data» que almacenan información personal de la población, a las que considera «abusivas» por violar el derecho a la privacidad.
