Unidad opositora de Nicaragua apoya que «presos políticos» salgan en 15 días
EFE
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco se sumó este viernes en Nicaragua a la propuesta del Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos de que los manifestantes convictos sean liberados en máximo 15 días, y no en 90, como propuso el Gobierno.
«Respaldamos el posicionamiento del Comité, que exige la liberación de todos los presos políticos en un plazo menor de 15 días, y que todos los procesos judiciales sean anulados», señaló la Unidad en un comunicado.
El concepto de que las personas arrestadas por participar en protestas antigubernamentales sean liberadas en un plazo de 90 días «no sólo es innecesario, también inhumano, muchos de esos muchachos tienen casi un año en las mazmorras, no pueden permanecer un día más», dijo la dirigente de la Unidad, Violeta Granera, en conferencia de prensa.
El Frente Amplio por la Democracia (FAD) también reprobó los 90 días con el argumento de que «la liberación de las presas y presos políticos no es materia de negociación», y apoyó los 15 días solicitados por el Comité.
El pasado miércoles, en el marco de las negociaciones para superar la crisis de Nicaragua, el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron la liberación de cientos de personas capturadas en el contexto de las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega a partir del 18 de abril de 2018, en 90 días máximo.
Granera recordó que los 90 días no tienen sentido, y menos aun cuando «todos los días hay detenidos, no ha cesado el régimen de secuestrar».
La Unidad también demandó la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y de la Cruz Roja Internacional, como garantes de la liberación de los presos políticos, y exigió «el cese de las persecuciones, el hostigamiento a familiares y excarcelados, las detenciones ilegales y secuestros».
Además, demandó «el restablecimiento de todos nuestros derechos constitucionales, incluyendo el de la libre movilización, libre expresión, y libertad de prensa, sin represión de fuerzas de choque, paramilitares o policiales».
Según Comité, en Nicaragua hay actualmente al menos 802 presos políticos, incluidos 20 menores de edad. El Gobierno cuenta 340, mientras que la Alianza Cívica, 762.
Desde abril del año pasado, Nicaragua atraviesa una crisis que ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561 y Ortega reconoce a 199.
La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes «de lesa humanidad», mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos, lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.
