Unidad opositora convoca a paro de consumo y paro energético en Nicaragua
EFE
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a un «paro de consumo» de tres días a partir de este miércoles, y a un paro energético de una hora cada día que se extienda de manera indefinida, para protestar por «la cruel represión» del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
«Exhortamos a la ciudadanía en resistencia pacífica ante esta criminal dictadura a ser protagonista de paro de consumo por tres días, iniciando el día miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de octubre», instó esa alianza opositora en una convocatoria pública.
Esa coalición pidió específicamente no comprar los artículos que más generan impuestos al Estado: combustible, bebidas alcohólicas , bebidas gaseosas y tabaco.
Asimismo, invitó a la sociedad nicaragüense a suspender el consumo energético de las 19.00 horas a las 20.00 horas de manera indefinida.
Esa unidad opositora explicó que hizo esa convocatoria como parte de una serie de acciones dirigidas a debilitar al régimen de Ortega, y «ante los hechos de represión, persecución, asesinato, secuestros» contra los manifestantes antigubernamentales.
En ese sentido, condenaron de manera enérgica los hechos acontecidos el domingo pasado, cuando la Policía Nacional «una vez más hizo uso irracional de las fuerzas para-policiales, antimotines y policiales, para criminalizar el derecho de reunión y protesta cívica» establecido en la Constitución, y en donde privaron de libertad «por más de 36 horas a 40 ciudadanos».
Asimismo, esa unidad exigió la liberación inmediata de los más de 400 presos políticos «por el simple hecho de hacer uso de sus derechos constitucionales».
La Policía Nacional dijo el pasado domingo que había liberado a 8 de los 38 detenidos ese día durante una operación para garantizar «el orden y la seguridad en la capital ante los intentos de agrupaciones terroristas, golpistas y criminales que en los últimos meses han estado desarrollando acciones que violentan la paz y la tranquilidad».
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado, según organizaciones humanitarias locales e internacionales, entre 322 y 512 muertos, mientras que el Ejecutivo cifra los fallecidos en 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos, pero el Ejecutivo rechaza esas denuncias.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social el 18 de abril pasado, y se convirtieron en una exigencia de renuncia tras las muertes registradas durante las manifestaciones.
