UNA VEZ MÁS | Aplazan juicio al alcalde Daniel Ceballos
EFE
La Justicia venezolana aplazó este miércoles una vez más el comienzo del juicio al alcalde opositor venezolano Daniel Ceballos, privado de libertad desde 2014 por un procedimiento contra él que aún no ha empezado a juzgarse y que fue abierto mientras cumplía condena por otros hechos.
«Hoy la jueza Yosmar González (…) y todos los funcionarios públicos están mucho más presos que mi esposo. Son presos del régimen, de una justicia que está secuestrada y le teme a la dictadura», dijo la esposa de Ceballos, Patricia Gutiérrez, que es alcaldesa del municipio occidental de San Cristóbal.
Según explicó en un comunicado el partido Voluntad Popular, al que pertenecen Ceballos y Gutiérrez, la audiencia de apertura del juicio «fue suspendida por séptima vez desde que se retomó en el mes de enero porque el tribunal no dio despacho».
Ceballos fue detenido en marzo de 2014 cuando era alcalde de San Cristóbal, capital del estado Táchira, y recibió una condena a 12 meses de prisión por desacato a una orden del Tribunal Supremo que le obligaba a impedir la colocación de barricadas en su jurisdicción durante las protestas de ese año.
Tras cumplir la condena, se ordenó que el exalcalde continuara preso por otra causa judicial por asociación para delinquir, relacionada también con esas protestas.
En agosto de 2015 se le concedió la medida de arresto domiciliario por motivos de salud, pero esta medida fue revocada un año después y Ceballos volvió a prisión por un supuesto plan de fuga.
«Daniel está arbitrariamente detenido y así fue calificado por la Organización de Naciones Unidas. Es juzgado por rebelión civil y desde el primer momento hemos declarado su inocencia y el Ministerio Público no tiene pruebas en su contra», declaró la abogada del alcalde, Ana Leonor Acosta, que denunció que se esté «utilizando a los tribunales» para mantener «secuestrado» a su cliente.
Ceballos está detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y es considerado preso político por la organización venezolana de derechos humanos Foro Penal, que cifra en más de 400 el número de detenidos por delitos de conciencia en el país.
