Una semana encadenados, la obstinada lucha de activistas Lgbtiq+
EFE
Las personas trans no pueden cambiarse el nombre en Venezuela, donde los militares son encarcelados si expresan abiertamente su homosexualidad y, ni la Constitución ni las leyes ni las protestas han podido cambiar esa realidad, un panorama al que cuatro jóvenes obstinados buscan poner fin desde hace una semana, encadenados a las afueras de la Defensoría del Pueblo.
El lunes pasado, los treintañeros Koddy, Paúl y Johán empezaron una protesta pacífica, pero radical, en las afueras de la Defensoría del Pueblo, que aseguran no levantarán hasta que algo cambie a favor de la población Lgbtiq+. Jorge, de 19 años, se sumó el viernes a la protesta.
Debajo de un toldo macilento, el cuarteto ha resistido el mal tiempo y el cansancio de llevar las cadenas, una representación visual, dicen, de la discriminación que tienen que aguantar, especialmente por parte de las instituciones del Estado que no dan respuesta a sus incesantes reclamos.
El silencio estatal
Koddy Campos, activista a tiempo completo, conoce al dedillo cuántas veces se ha pedido al Supremo que anule el artículo que penaliza con hasta tres años de prisión las relaciones homosexuales en los cuarteles, así como las que, desde hace ocho años, han intentado que el Parlamento apruebe una ley de unión civil entre personas del mismo sexo.
La respuesta siempre ha sido el silencio. Lo mismo que han conseguido del Consejo Nacional Electoral (CNE) cuando le han pedido cumplir la Ley de Registro Civil de 2009 que permite a todo ciudadano el cambio de nombre «cuando no se corresponda con su género» y, sin embargo, ninguna persona trans ha obtenido un documento de identidad acorde con su expresión.
«Estamos siendo discriminados por omisión. El que no se quiera hablar del tema, el que no se nos dé respuesta también es discriminación, es homofobia, es transfobia», dice a EFE el hombre, que relaciona la falta de acción del Estado y los suicidios de su comunidad, así como con los crímenes de odio.
Sin identidad
En agosto de este año, Paúl Martucci fue a solicitar el cambio de su nombre, cansado de los problemas que tiene cada vez que presenta su documento de identidad. Igual que a todos los que le precedieron, incluida la diputada electa en 2015, Tamara Adrián, primera legisladora transexual de América Latina, le dijeron que su caso solo lo podría resolver el Supremo.
El máximo tribunal ha recibido decenas de peticiones similares, algunas desde hace 20 años, y ninguna ha prosperado. En vista de ello, Paúl cree que al Estado le ha llegado «el momento de rectificar y de asumir que se equivocaron» para luego dar paso a una «reparación histórica a la comunidad trans que se le ha negado la identidad».
«¿Qué queremos?, que rectifiquen y que avancemos, porque la identidad es el primer paso, no es lo único», advirtió.
La doble discriminación
Johán Chavarría lleva casi la mitad de su vida en una silla de ruedas, una discapacidad que adquirió años después de descubrirse gay. Algunos en su misma condición, dice, sienten que tienen una «doble maldición» debido al alud de discriminación que deberán sortear en un país que tiene mucho por avanzar en este sentido.
Él no se amilana. Trabaja como barbero y en muchos otros oficios y saca tiempo para impulsar la lucha del colectivo, la que lo llevó hasta este plantón en el que se enfermó luego de varios días bajo la lluvia.
«Sí existe discriminación en ambos sectores y no es fácil estar en la sociedad siendo discriminado doblemente», subraya el joven que recibió esta semana un mensaje de una mujer trans, y como él, en silla de ruedas, que le agradecía por su ejemplo y por inspirarla.
El joven piloto
Jorge Moreno tiene 19 años. Hace poco terminó la secundaria y recientemente se enteró del apartado judicial que condena «los actos sexuales contra natura» en la institución castrense. Rápidamente supo que su sueño de ser piloto, que pensaba alcanzar en la academia de la fuerza aérea militar, era irrealizable.
«Si hubiera entrado (a la academia militar), estaría preso», dice el joven que acompañó la protesta desde el martes, hasta que el viernes se encadenó, hastiado de, a su corta edad, haber sido apedreado o expulsado de un parque público por personas homofóbicas que no toleraban que anduviera con su novio sin ocultamientos.
«Y cuando fui a buscar justicia, cuando fui a poner una denuncia en el Ministerio Público se me discriminó (…) Me trataron de enfermo. Me dijeron que ni siquiera podía agarrarle la mano a mi novio porque está completamente prohibido», relata.
Los encadenados dijeron a EFE que esperan que las autoridades hagan un anuncio significativo este martes.
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