Una jueza revoca la orden de usar mascarillas en el transporte público en EEUU
EFE
Una jueza de Florida (EE.UU.) revocó este lunes la orden nacional que obliga el uso de mascarillas a bordo de aviones y otros medios de transporte público, así como aeropuertos y estaciones, al considerar que las autoridades sanitarias federales excedieron su autoridad.
La jueza Kathryn Kimball Mizelle, nominada por el hoy expresidente Donald Trump para la corte de distrito en Tampa (Florida), consideró que la orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) «excede la autoridad legal» de esta agencia nacional de salud pública de Estados Unidos.
El Gobierno federal había renovado recientemente esta obligación de usar los cubrebocas en los medios de transporte público hasta al menos el 3 de mayo.
En opinión de la magistrada, los CDC no justificaron su decisión de manera apropiada e incumplieron los procedimientos.
La demanda fue interpuesta por dos mujeres de Tampa, Ana Carolina Daza y Sarah Pope, junto con la organización sin fines de lucro Health Freedom Defense Fund, que aboga por la «autonomía corporal» y ve ilegal obligar a las personas a usar las mascarillas y hacerse las pruebas de la covid-19.
El Gobierno había extendido el pasado 13 de abril y por dos semanas más el uso obligatorio de mascarillas en todas las redes de transporte, en medio de un rebrote de la pandemia de covid-19 causado por la subvariante BA.2.
El uso obligatorio de mascarillas ordenado por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), que se aplica a los aviones, aeropuertos, autobuses y ferrocarriles, debía expirar el 18 de abril.
El Gobierno de EE.UU. había visto cómo aumentaba la presión para suspender esta medida después de que a finales de marzo los directivos de las diez principales aerolíneas del país con vuelos internacionales pidieron en una carta al presidente Joe Biden que derogara esa orden dado que carecía de «sentido en el contexto sanitario actual».
Y a finales de marzo, una veintena de estados con dirigentes republicanos habían presentado una demanda contra el Gobierno federal para que anulara la orden de usar mascarillas en el transporte público.
La norma federal permitía que se aplicaran multas a los pasajeros que se niegan a usar mascarillas en sus viajes, y esas penalidades van de 500 a 3.000 dólares para los reincidentes.
