Un opositor a Evo Morales recupera su libertad tras once años de condena
EFE
Han pasado once años para que Leopoldo Fernández, un exprefecto de la región amazónica de Pando y opositor de Evo Morales, recobre su plena libertad, tras un fallo que emitió este lunes un tribunal en La Paz por un juicio en el que se le acusó por la muerte de nueve campesinos en sucesos violentos de 2008.
«El Tribunal Sexto de Sentencia ha dispuesto la libertad pura y simple de Leopoldo Fernández en el caso Porvenir», informó a Efe el abogado de Fernández, Karlo Brito.
La defensa de Fernández interpuso un recurso para la cesación de la detención domiciliaria, que cumple hace cuatro años tras haber pasado otros siete en prisión, amparándose en una norma vigente desde octubre pasado que busca descongestionar causas judiciales pendientes de cerrar durante años.
«A partir de ahora él no tiene ninguna restricción y su libertad ha sido recobrada», sin que ni siquiera tenga que cumplir la detención domiciliaria, complementó Brito.
LA «MASACRE DE PORVENIR»
A Leopoldo Fernández se le acusó por la llamada «masacre de Porvenir» del 11 septiembre de 2008, por los sucesos en la población del mismo nombre.
Allí murieron nueve campesinos afines al entonces presidente Evo Morales y dos funcionarios de la Prefectura, aunque más tarde durante algunos operativos también fallecieron un pastor evangélico y un soldado, con lo que la cifra de muertos subió a trece.
La acusación contra Fernández fue por asesinato, terrorismo, homicidio, asociación delictuosa y lesiones graves y leves, siendo únicamente la de homicidio la que realmente prosperó hasta la emisión de una sentencia, rememoró el abogado.
UNA SENTENCIA DE QUINCE AÑOS
En 2017, el mismo juzgado que esta jornada le dio la libertad dispuso que debía cumplir una condena de quince años de reclusión, aún cuando la Fiscalía en ese momento pidió una pena de treinta.
Consultado sobre este giro en el proceso judicial, Brito aseveró que se debe que ahora los jueces «están aplicando la ley» y que antes no lo podían hacer por las presiones del anterior Gobierno, que amenazaba con «meter presos» a magistrados.
Sin embargo, legisladores como el diputado Lino Cárdenas, del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, aseguraron que la determinación judicial favorece la «impunidad», al extremo de que «van a salir delincuentes de la cárcel».
UN PROCESO QUE AÚN NO ACABA
Aunque esta decisión ha sido festejada como un triunfo judicial por su abogado, el proceso contra Fernández todavía sigue en el Tribunal Supremo del país, con la intención de que revierta la sentencia inicial que en 2018 fue ratificada por un juez.
A partir de ello, su defensa anunció que iniciará nuevas acciones por «el perjuicio y el daño» que se le ha causado y que le ha valido a Fernández varios problemas de salud.
Brito consideró que el proceso contra Fernández vulneró sus derechos, porque se instaló en una jurisdicción distinta a la que se produjeron los sucesos, por «un capricho» del Gobierno de entonces.
Fernández, de 67 años, es considerado por el Gobierno de transición de Bolivia, junto a otros exprefectos de aquel tiempo como Manfred Reyes Villa y Mario Cossío, como parte de los 1.300 perseguidos políticos durante los casi catorce años de Evo Morales en el poder.
La figura de prefecto es la antecede a la de los gobernadores regionales, vigente antes de la Constitución de 2009 en Bolivia.
El Ejecutivo de transición del país ha anunciado recientemente una comisión que revisará supuestos casos de persecución política, que podrán derivar en la extinción de viejos procesos penales en los que se haya demostrado la vulneración de derechos.
