Un juez ordena a Perú entregar gratis la píldora del día después
El Päis
El Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada una medida cautelar que ordena al Estado la distribución provisional en forma gratuita en centros de salud de la anticoncepción oral de emergencia (AOE), es decir, las píldoras de levonorgestrel, que desde 2009 fueron prohibidas por el Tribunal Constitucional en el sistema público, aunque sí permitió su comercialización en farmacias, creando una barrera económica para las mujeres pobres.
La sentencia de 2009 del Constitucional indicó que había una “duda razonable respecto a la forma en la que actúa el AOE sobre el endometrio y su posible efecto antimplantatorio, lo que afectaría fatalmente al concebido en la continuación de su proceso vital”, y añadió que “si a futuro se llegaba al consenso de la inocuidad del levonorgestrel para el concebido, evidentemente tendría que cambiarse de posición”.
La medida cautelar aceptada el lunes fue una acción de amparo presentada por la ciudadana Violeta Gómez y la organización Promsex, quienes en 2014 demandaron al Ministerio de Salud ante un juzgado constitucional para que revirtiera la sentencia del Tribunal Constitucional, dadas las evidencias de que el componente del fármaco no era abortivo –citando a la Organización Mundial de la Salud–, y la vulneración del derecho a la igualdad.
La medida cautelar plantea al Ministerio de Salud un plazo de 30 días para que distribuya el levonogestrel en todos los centros de salud
La demanda de 2014 fue rechazada, pero tras la apelación, la Sala Civil de la Corte Superior de Lima la admitió y llevó la cuestión al Primer Juzgado Constitucional. Ante la demora en emitir un fallo, Gómez y Promsex plantearon una medida cautelar, que ha sido declarada fundada.
“Es un pronunciamiento provisional que debe ser confirmado en una sentencia de fondo que esperamos dentro de algunos meses”, explicó a EL PAÍS la abogada Brenda Alvarez, de Promsex.
“Se basa en el derecho a la igualdad, ya que la sentencia del 2009 era una discriminatoria al crear un doble estándar de protección, con la AOE de acceso para mujeres que tenían recursos para comprarlos en establecimientos privados y negándola a las mujeres de bajos recursos y a las víctimas de violencia sexual”, refiere Alvarez.
La medida cautelar anota un peligro en la demora en no entregar gratuitamente la píldora en los establecimientos de salud: “el Perú registra una de las tasas más altas de violencia sexual contra las mujeres en Sudamérica y el uso de la píldora puede evitar embarazos no deseados producto de la comisión de dichos delitos”. Asimismo, cita el protocolo sanitario del Ministerio de Salud acerca de las gestantes con infección del virus Zika, y sostiene que la distribución gratuita del levonogestrel “puede evitar los embarazos no deseados para así evitar las consecuencias graves que conlleva al concebido si la gestante se encuentra infectada por dicho virus”.
La ministra de Salud, Patricia García, comentó este martes: “Somos respetuosos de las instancias y tenemos que acatar lo que nos diga el juez”. La semana pasada había dicho que la AOE es una necesidad y reconoció la discriminación en el acceso al fármaco. La medida cautelar plantea al Ministerio de Salud un plazo de 30 días para que distribuya el levonogestrel en todos los centros de salud. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que estaba al lado de la ministra García cuando fue consultada sobre la distribución gratuita bromeó: “le quedan 29 días y va a consultar al Cardenal primero”.
El exministro de Salud del gobierno de Alejandro Toledo, Luis Solari, defensor de las posiciones contra el aborto y cercano al Opus Dei, calificó la medida cautelar de “inaudita” y dijo que en ningún país donde se ha distribuido masivamente la píldora del día siguiente “se ha reducido ni la tasa de abortos ni la tasa de embarazo involuntario. No sirve para una política pública”.
