Uganda negocia con el Banco Mundial tras interrupción de fondos por la ley anti-Lgbtiq - 800Noticias
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EFE | Foto referencial

El Gobierno de Uganda está «negociando» con el Banco Mundial (BM) después de que la institución financiera informara este martes de que no destinará nuevos fondos al país africano tras la aprobación el pasado mes de mayo de una ley que agrava la discriminación contra las personas Lgbtiq.

«Estamos negociando con el Banco Mundial pero, si no llegamos a un acuerdo, tendremos que tomar algunas decisiones sobre el presupuesto que llevaremos al Parlamento para su aprobación», dijo este jueves el ministro de Estado de Planificación Financiera y Desarrollo Económico, Henry Musasizi, según un comunicado difundido hoy.

Musasizi destacó que la medida del BM tendrá «consecuencias nefastas para las operaciones del Gobierno».

El presidente ugandés, Yoweri Museveni, ya reveló el miércoles que continuarán las conversaciones para evitar en lo posible «esta deriva», pero rechazó la coacción de la entidad financiera al afirmar que «Uganda se desarrollará con o sin préstamos».

También el líder de la oposición ugandesa, el ex cantante Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine, tildó de «inquietante» que el BM de prioridad «solo a los derechos de los homosexuales» e ignore «todas las demás graves violaciones de derechos humanos», en un mensaje a través de la red social X (antes Twitter).

El Grupo del BM anunció este martes que no se presentaría a su Consejo de Administración «ninguna nueva financiación pública a Uganda hasta que se haya comprobado la eficacia de las medidas adicionales» que puso en marcha tras la aprobación de la ley para asegurar que los proyectos financiados se ejecutan «en consonancia» con sus «normas medioambientales y sociales».

«Nuestro objetivo es proteger a las minorías sexuales y de género de la discriminación y la exclusión en los proyectos que financiamos», declaró institución en un comunicado.

Museveni aprobó a finales de mayo una dura ley contra la homosexualidad que aumenta la represión contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (término general para las personas que no son heterosexuales o cuya identidad de género trasciende la dicotomía hombre-mujer).

El texto legal incluye largas penas de cárcel y castiga con la pena de muerte la «homosexualidad agravada», término amplio usado para referirse al hecho de mantener relaciones íntimas con un menor de edad u otros grupos vulnerables.

El presidente ugandés se negó inicialmente a ratificar el texto y pidió, después de una fuerte condena de la comunidad internacional, que se anularan las cláusulas donde se condenaba la identidad de las personas de este colectivo para hacer referencia sólo a sus actos.

Sin embargo, no se modificó la disposición del texto original según la cual cualquier persona que «promueva la homosexualidad a sabiendas» puede ser condenada a hasta veinte años de cárcel.

La norma ha sido duramente criticada por las Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, así como por organizaciones de derechos humanos.



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