TSJ inició 2022 mostrando su falta de independencia ante administración de Maduro

Para la organización Acceso a la Justicia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sigue mostrando su falta de autonomía y envió mensajes claros de que está sometido a los designios de la administración de Nicolás Maduro, durante el acto de apertura del año judicial 2022.

La ONG cuestionó los discursos del magistrado Maikel Moreno, quien controla el TSJ y de la oradora de orden, magistrada Marjorie Calderón, estuvieron marcados a favor de la línea política de Maduro y no de la justicia.

Destacaron que Moreno describió con las siguientes palabras lo que debía ser el informe de gestión del TSJ correspondiente al año 2021:

“La esencia de toda revolución radica en su capacidad para producir los cambios que nuestra sociedad reclama sustentados en los principios esenciales que configuran el Estado. La revolución bolivariana ha asumido el desafío de avanzar garantizando la permanencia del Estado y la anhelada estabilidad y suprema felicidad social”.

Exponen que el también presidente de la Sala de Casación Penal además repitió el guión gubernamental con relación a que los graves problemas económicos que atraviesa Venezuela son culpa de las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han impuesto a algunas personalidades e instituciones públicas.

Acceso a la Justicia recuerda que desde 2016, un año antes de que Washington y Bruselas impusieran el grueso de las medidas contra individualidades y algunas instituciones, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, había calificado la situación de Venezuela como “una crisis humanitaria”.

Además también destacan las palabras de la magistrada Calderón quien en su discurso se refirió en tres ocasiones a “nuestro comandante eterno Hugo Chávez”. En la última oportunidad incluso llegó a decir que él “siempre estará presente” en cualquier éxito que consiga el Estado venezolano.

Ordenes explícitas

Asimismo, cuestionaron el discurso de Maduro quien desde el estrado le ordenó al Poder Judicial procesar a Juan Guaidó. Algo que el TSJ no ha podido hacer desde el año 2019 cuando se juramentó como «presidente interino y es apoyado por medio cenentar de países.

“Fracasaron al intentar imponerle a Venezuela un presidente que nadie había elegido. Creyeron que el poder de la Casa Blanca en Washington y de la Casa de Nariño en Bogotá iba a dominar la mente de los venezolanos y le iba a imponer un gobierno colonial. ¡Fracasaron!, dijo el uno del chavismo.

Luego, agregó: “Solo quedarían pendiente los daños y perjuicios hechos a la República en estos años pidiendo sanciones, bloqueo e intervención militar contra el país. Solo faltaría resarcir con una justicia implacable los daños que se le hicieron al pueblo con las sanciones, el bloqueo y los llamados de invasión. Tarea pendiente que llenará de felicidad al país”.

Acceso a la Justicia recuerda que en el pasado este tipo de declaraciones han venido seguidas de actuaciones fiscales, judiciales y policiales contra el señalado.

Sin rectificación 

Moreno informó que la Comisión Judicial del TSJ acordó la designación de 434 jueces provisorios, 11 temporales y 405 suplentes en las distintas materias, así como 43 inspectores de tribunales. Asimismo fueron destituidos 244 jueces a nivel nacional.

Ante lo anterior, Acceso a la Justicia denunció que desde finales de 2003 el máximo juzgado no celebra concursos de oposición para adjudicar los cargos de los jueces, tal y como manda el artículo 255 constitucional.

Denunció que el TSJ controlado por el chavismo se ha «aprovechado para realizar designaciones a dedo de carácter provisional, las cuales puede dejar sin efecto en cualquier momento y sin derecho a la defensa. Una situación que hace que los designados sean susceptibles de presiones a cambio de mantener sus puestos”.

Subrayan que en 2012 la entonces relatora de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, Fiscales y Abogados, Gabriela Knaul, alertó que “la escogencia de jueces por mecanismos que no sigan criterios objetivos implica un riesgo para la independencia judicial, pues dichos nombramientos pueden realizarse según conveniencia política”.

La organización también manifiesta que la falta de la independencia salió a relucir en el III Examen Periódico Universal de Derechos Humanos al que se sometió el país el pasado 25 de enero.

Desde Acceso a la Justicia recuerdan que un Poder Judicial independiente es fundamental para una democracia consolidada y sana, pues este es el encargado de resolver las disputas y controversias entre los otros poderes públicos y además es el responsable de velar por los derechos de los ciudadanos y de repararlos en caso de que sean víctimas de algún abuso por parte de quien detenta el poder.

Con información de Acceso a la Justicia.