TSJ en el «exilio» concluyó audiencia de juicio «corrupción» contra Nicolás Maduro
EFE
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «en el exilio» concluyó hoy en Bogotá la última audiencia del juicio por corrupción contra el presidente de ese país, Nicolás Maduro, y se retiró a deliberar sobre el veredicto.
Los magistrados presentes en la audiencia, que se realiza en el Congreso colombiano, se reunirán en privado durante una hora después de que la exfiscal general Luisa Ortega Díaz presentara pruebas con las que acusa a Maduro de cometer los delitos de «corrupción propia» y «legitimación de capitales» en el caso Odebrecht.
«Estamos en la etapa final del juicio, el Ministerio Público ha cumplido con el país, con la sociedad venezolana, hemos presentado un solido cúmulo probatorio a lo largo de todas las audiencias que a realizado este Tribunal. Quedó plenamente demostrada la hipótesis acusatoria que nosotros hemos sostenido», manifestó Ortega.
Según la exfiscal, durante las siete audiencias realizadas en Bogotá se demostró que por parte de Maduro se «ha cometido un delito de corrupción propia y un delito de legitimidad de capitales» y lo acusó de «usurpar» la Presidencia.
Por su parte, el abogado defensor de oficio de Nicolás Maduro, Andrés Lindo, aseguró que durante el juicio no se pudo comprobar la responsabilidad directa del acusado por esos delitos.
«A lo largo de todo este juicio se ha tratado de determinar la responsabilidad del presidente Nicolás Maduro Moros mediante todo tipo de elementos probatorios. Sin embargo, para esta defensa técnica las pruebas aportadas por la Fiscalía no son concluyentes ni suficiente para dar una sentencia condenatoria en contra del imputado», señaló Lindo.
Según Ortega, Maduro firmó como canciller del presidente fallecido Hugo Chávez contratos asignados de «forma directa» a Odebrecht como pago por apoyarlos en la campaña presidencial de 2005.
De igual forma, lo acusa de pedir a la compañía brasileña 50 millones de dólares para su campaña en 2013, de los cuales recibió 35 millones, a cambio de dar un «trato preferencial» a Odebrecht.
