TSJ en el exilio: A partir del 3 de abril podremos decidir si hay lugar o no al juicio contra Maduro
El Comercio de Perú
El 21 de julio del 2017, la Asamblea Nacional de Venezuela designó a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el máximo órgano judicial del país, en reemplazo de los jueces que el Parlamento de mayoría chavista había nombrado antes de ceder el control de Legislativo a la oposición. Casi de inmediato, se emitieron órdenes de captura contra los nuevos magistrados y la policía política los empezó a buscar. Treinta de ellos salieron del país, uno fue detenido y no se sabe la situación de otros. Miguel Ángel Martín, el presidente del TSJ en el exilio, vive ahora en Estados Unidos y estuvo esta semana en el Perú.
A continuación entrevista concedida al Comercio de Perú
— ¿Cuáles son los asuntos prioritarios del TSJ en el exilio?
Tenemos un plan de acción que está dirigido a desarticular el crimen organizado instalado en el régimen e impuesto desde Cuba, y que se creó para subvertir la democracia en América Latina. Vamos a establecer el piso jurídico para el retorno a la democracia en Venezuela. Los temas que vemos están relacionados con violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, corrupción grave, que son los que encuadran dentro de la convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado.
— ¿De qué manera pueden hacer valer sus decisiones para que estas no terminen siendo solo simbólicas?
La mayoría de nuestras decisiones son constitutivas de derecho. Trabajamos de la mano de organismos internacionales como la OEA, la ONU, el Grupo de Lima, el Parlamento Europeo. Es decir, logramos que nuestras decisiones tengan un impacto desde lo internacional hasta lo nacional. Por ejemplo, nuestra primera decisión fue declarar el fraude de la Asamblea Nacional Constituyente. Todos los organismos antes mencionados han avalado nuestro fallo. Además, hemos remitido a la Corte Penal Internacional una demanda contra 40 generales por delitos de lesa humanidad.
— ¿El TSJ en el exilio puede ordenar la detención del presidente Maduro aunque este siga en ejercicio?
Sí. Nosotros somos la autoridad judicial legítima que fuimos designados por la Asamblea Nacional en un proceso que duró un año. Tenemos facultades constitucionales que podemos cumplir perfectamente fuera de nuestro país. El artículo 333 de la Constitución dice que todo ciudadano investido o no de autoridad tiene que luchar por la vigencia de la Carta Magna. Y nosotros hemos sido designados por 12 años y tenemos el deber de rescatar el Estado de derecho.
— ¿Están preparando algún caso contra el presidente Maduro?
Sí. La fiscal general [Luisa Ortega Díaz] presentó una querella por un caso de corrupción relacionado con contrataciones con Odebrecht, en que se hace referencia a 13 grandes obras que no fueron construidas en Venezuela. Ella presenta pruebas de una investigación que comenzó en el 2011 y de otra denuncia que se acumuló desde el 2015. Admitimos el antejuicio de mérito y fijamos la audiencia para el 3 de abril. El señor Maduro debe acudir o enviar a un defensor. Y después decidiremos si hay lugar o no a un juicio. Para llegar a juicio el caso tiene que ser remitido a la Asamblea Nacional para su autorización. Y si no hay lugar, se sobresee la causa.
— Si la Asamblea Nacional dice que sí hay lugar a juicio en ese momento, ustedes están habilitados para ordenar incluso la detención del presidente.
La fiscal hizo una solicitud para que pidamos la alerta roja ante la Interpol para la detención del señor Maduro. Nosotros en el auto de admisión nos reservamos la oportunidad de la audiencia para decidir la procedencia o no del pedido.
— El señor Maduro pretende venir al Perú a la Cumbre de las Américas. Quizá para ese momento ustedes ya puedan pedir la alerta roja.
El 3 de abril es la audiencia. A partir de ese momento podremos decidir si hay lugar o no al juicio. Sería irresponsable decir algo que no sé si pasará.
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— La fiscal Luisa Ortega fue un instrumento del Gobierno para perseguir a sus opositores. ¿Ella deberá también responder ante la justicia?
Lo que te puedo decir es que la fiscal general Luisa Ortega Díaz fue designada por la Asamblea Nacional y fue ilegítimamente despojada de su cargo. Ella es la fiscal general y es la autorizada para presentar querellas contra altos funcionarios como el presidente. En relación con los hechos en los que podría haber estado involucrada, estos tendrían que denunciarse e investigarse para después tomar una decisión.
— ¿Cómo salió de Venezuela?
Una vez que juramos el cargo, al día siguiente detuvieron a uno de nuestros compañeros y todavía no estamos seguros de lo que ocurrió con otros dos, aparentemente están detenidos. El resto nos fuimos a la clandestinidad. Un grupo se refugió en las embajadas de Chile, Panamá, Brasil y México. Yo salí del país por mar en bote hasta una isla cercana a Venezuela y de ahí me fui a Estados Unidos. Otros salieron por tierra por Colombia. Como el Gobierno no daba el salvoconducto a los que estaban en las embajadas, una madrugada los sacamos y los pasamos por Colombia. Luego los llevamos a la OEA e hicimos nuestro acto de apertura. Y después cada uno fue al país que escogió para vivir.
— ¿Cómo hacen con los recursos, la logística para funcionar?
Utilizamos recursos mínimos. Vivimos como todos los exiliados venezolanos con muchas limitaciones. La verdad es que cada magistrado está resolviendo sus problemas de manera individual.
