TSJ definirá facultad jurídica para determinar personas desaparecidas del puntofijismo
El Ministerio Público introdujo este miércoles un recurso de interpretación ante la Sala Política Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través del cual el alto tribunal determinará si corresponde a la Comisión por la Justicia y la Verdad o a un tribunal civil la definición de la figura jurídica del muerto desaparecido en Venezuela.
«Acudimos ante el TSJ a los fines de que interprete estas normas y determinar a quien en definitiva corresponde la definición del muerto desaparecido especialmente en estos casos ocurridos durante los años 58 al 98», indicó la fiscal general, Luisa Ortega Díaz tras entregar el documento en la sede del tribunal supremo.
Dicho recurso se basa en que el artículo 7, numeral 12 de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo entre 1958-1998 define la figura del muerto desaparecido y establece que la propia Comisión debe determinar quiénes lo son, sin embargo, el artículo 421 del Código civil venezolano establece que una vez se presume la ausencia de una persona en un lapso superior a los dos años hay que solicitar ante un juez civil la declaratoria de la ausencia.
La interpretación del TSJ permitirá que la Comisión por la Justicia y la Verdad pueda dar a conocer la lista de desaparecidos de los crímenes perpetrados en la IV República durante la llamada democracia representativa, como lo establece la referida ley en su artículo 21.
Manifestó que hay una deuda histórica con todas las víctimas y familiares de los muertos desaparecidos en los gobierno del Pacto de Punto Fijo y «es necesario que la Comisión por la Justicia y la Verdad reivindique los derechos civiles de los familiares de estos muertos».
Ortega Díaz recalcó que manejan una cifra de entre 5 mil y 6 mil desaparecidos, incluidos los familiares, y acotó que el Estado está en la obligación de reivindicar a estas víctimas, reconocerles sus derechos sociales, derecho a la vivienda, salud y a una pensión.
«Ante esta indefinición y vista la situación en la que están estos familiares de los desaparecidos, torturados y que todavía no han sido encontrados sus restos, acudimos al TSJ para que no haya duda sobre el estatus de estas personas», explicó.
Ortega Díaz informó que una vez admitido el recurso, el alto tribunal puede pronunciarse en una semana o quince días. «No hay un plazo previsto, pero necesitamos la decisión para poder incluir a las personas en ese listado».
Fuente: AVN
