Trump y otros dos acusados podrán acceder a material clasificado
EFE / Foto referencial
La magistrada federal Aileen Cannon emitió este miércoles una orden favorable a los dos coacusados en el juicio contra el expresidente Donald Trump por el mal manejo de documentos clasificados hallados en su poder tras abandonar la Casa Blanca.
En una moción ingresada este miércoles en la corte, la magistrada autorizó que Waltine Nauta, asistente personal de Trump, y Carlos de Oliveira, administrador de Mar-a-Lago, la residencia del expresidente en Palm Beach (Florida), puedan tener acceso los documentos clasificados en cuestión con miras a elaborar su defensa en el proceso judicial que se les sigue junto al exmandatario.
De esta forma, la jueza, que fue elegida para el cargo durante el mandato de Trump (2017-2021), falló en contra del pedido fiscal especial Jack Smith, quien apeló a la sección 3 de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés) para limitar casi por completo a ambos coacusados el acceso a dicha documentación.
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El equipo de Smith obtuvo una derrota en Florida y a la vez una victoria en Washington, donde este mismo miércoles la jueza Tanya Chutkan rechazó en un dictamen de 5 páginas, al que tuvo acceso EFE, la petición de Trump de revisar las pruebas en su contra presentadas por los fiscales federales antes del juicio por interferencia electoral.
Chutkan, que preside el juicio, emitió una orden que impide al equipo legal de Trump examinar algunas de las pruebas del Gobierno en su contra que se han considerado clasificadas.
Los abogados de Trump y de la Fiscalía comparecieron este miércoles en una corte federal de Florida para una vista oral en la que también se expusieron los argumentos a favor y en contra de retrasar el comienzo del juicio contra el expresidente.
En una corte federal de Fort Pierce, al norte de Miami, la defensa insistió en su pedido de retrasar el inicio de este proceso hasta después de las elecciones generales de 2024, en la que previsiblemente Trump sea el candidato por el Partido Republicano.
A día de hoy, y a tenor de todas las encuestas de intención de voto, el exmandatario es el claro favorito en el proceso de primarias de este partido de cara a las elecciones de noviembre del próximo año.
En el centro de esta discusión está el poco acceso que el equipo legal de Trump alega haber tenido a «porciones significativas» del material consignado como clasificado por los abogados del fiscal especial Smith que ve este caso.
Tras una reticencia inicial, el equipo de Smith aprobó habilitar para los abogados de Trump lo que llaman una Instalación de Información Sensible Compartimentada (SCIF, por sus siglas en inglés), equipada con fuertes medidas de seguridad y en la que es posible revisar material altamente clasificado.
De acuerdo con el canal ABC News, el expresidente y sus abogados realizaron el martes la que presumiblemente es la primera revisión de estos documentos en una de estas instalaciones en Miami, entre los cuales figuraron algunos de los que el FBI decomisó durante un registro en la residencia de Trump en Palm Beach en agosto de 2022.
En junio pasado, Trump hizo su primera comparecencia en un tribunal federal de Miami durante la cual se declaró no culpable de 37 cargos relacionados con el manejo de documentos oficiales, entre los que se incluyen algunos con información relacionada a la seguridad nacional, en su residencia de Mar-a-Lago tras abandonar la Casa Blanca en enero de 2021.
En este proceso afronta delitos federales de obstrucción y de retención deliberada de documentos oficiales relacionados con la Seguridad de EE.UU., los cuales son punibles con hasta 20 años de cárcel.
El expresidente afronta cuatro casos criminales en su contra y ha señalado que todos tienen motivación política por ser «favorito» en las elecciones de noviembre de 2024.
El proceso en Florida está previsto que comience el 20 de mayo de 2024, aunque la jueza Cannon sugirió este miércoles que cambiaría algunos de los plazos al reconocer que el juicio podría chocar con la fecha fijada en el caso de interferencia federal en las elecciones, programado para comenzar el 4 de marzo.
Cannon dijo que estaba teniendo «difícil ver cómo, de manera realista, este trabajo puede lograrse en un período de tiempo comprimido», dado que el cronograma judicial de Trump podría consumir marzo, abril y posiblemente mayo.
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