Trinidad y Tobago cumplirá los requisitos tras veto de la UE a importaciones pesqueras
EFE/foto referencial
El gobierno de Trinidad y Tobago afirmó este jueves que cumplirá con los requisitos internacionales y seguirá intentando acceder a los mercados de la Unión Europea (UE) después de que Bruselas impusiera una prohibición a los productos pesqueros por no controlar las pescas ilegales.
La Comisión Europea propuso el martes calificar a Trinidad y Tobago como «país no cooperante» en la lucha contra la pesca ilegal, no reportada y no regulada, lo que implica que los Estados miembros de la UE deberán denegar las importaciones de productos pesqueros de este país por su incumplimiento de las normas.
En un comunicado, la Comisión explicó que la «tarjeta roja» a Trinidad y Tobago, que se aplica bajo la regulación comunitaria, se basa en la «falta de avances para subsanar las graves deficiencias» sobre las que ya se había alertado al país caribeño en una notificación en abril de 2016.
El Ministerio de Comercio e Industria trinitense precisó en un comunicado este jueves que «sólo el 0,022% de las exportaciones pesqueras de Trinidad y Tobago se destinan a la UE. Además, si se considera el comercio total, las exportaciones pesqueras a la UE sólo representan el 0,00007% del comercio de Trinidad y Tobago con esa región».
Por su parte, la organización no gubernamental Pescadores y Amigos del Mar (FFOS, en inglés) criticó que Trinidad y Tobago está ahora clasificado como país no cooperante «debido a nuestra arcaica legislación pesquera de 107 años de antigüedad, la más antigua del planeta».
En este sentido, el Ministerio de Comercio e Industria explicó que trabaja con «el Ministerio de Agricultura, Tierra y Pesca, y con otras partes interesadas regionales e internacionales, para garantizar que el marco jurídico necesario y los mecanismos de seguimiento, control y vigilancia estén en marcha a nivel local para cumplir con los requisitos internacionales».
La comisión indicó que en particular, Trinidad y Tobago no revisó su marco jurídico para garantizar el «seguimiento, control y la vigilancia» de la pesca ilegal, no regulada y no reportada, ni ha tomado las medidas correctivas necesarias para evitar las actividades ilegales relacionadas con la pesca.
Tampoco consiguió regular las actividades de la flota pesquera nacional dentro y fuera de las aguas bajo jurisdicción nacional ni las actividades de los buques pesqueros de terceros países en sus puertos nacionales.
Según Bruselas, la pesca ilegal, no regulada y no reportada es «una de las amenazas más graves para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos» y representa «un grave peligro para el medio marino, la sostenibilidad de las poblaciones de peces y la biodiversidad marina».
La Comisión estima que la pesca ilegal tiene un valor global de entre 10.000 y 20.000 millones de euros (entre 10.566 y 21.133 millones de dólares) al año y que anualmente se capturan ilegalmente entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado, lo que equivale como mínimo al 15 % de las capturas mundiales.
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