Tribunal Permanente de los Pueblos condena al Estado colombiano por crímenes
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En un duro y simbólico fallo, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó hoy a los sucesivos Gobiernos de Colombia desde 1946 por múltiples «crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en particular, contra la población civil» y un «genocidio continuado dirigido a la destrucción parcial» de movimientos sindicales y campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, grupos políticos y organizaciones de derechos humanos.
El TPP es un tribunal de opinión independiente que analiza y condena situaciones de violaciones a los derechos humanos según el Derecho Internacional a lo largo del mundo, y se considera una suerte de continuidad del Tribunal ‘Russell’ creado en la década de 1960 por los intelectuales Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre.
Fundado en la ciudad italiana de Bolonia en 1979, el TPP funciona a través de sesiones que suelen extenderse por varias jornadas. En marzo pasado, realizó su sesión número 48 durante tres días y escuchó a organizaciones de la sociedad civil y víctimas de delitos cometidos por Estados colombiano que presentaron pruebas documentales u ofrecieron testimonios directos sobre violaciones «a los derechos de los pueblos» ante un jurado encabezado por su presidente, el francés Philippe Texier, y compuesto por cuatros voces, uno de Brasil, otro de Colombia, otro de Italia y el último con ciudadanía de Australia y Camboya.
El fallo, al que tuvo acceso Télam, se concentra en los crímenes cometidos por el Estado durante el conflicto interno que comenzó en los años 40 y, a pesar de la firma de un acuerdo de paz con la extinta guerrilla FARC en 2016, aún continúa con múltiples actores armados como grupos guerrilleros, paramilitares y carteles del narcotráfico.
En este marco, el TPP también condenó al Estado colombiano «por haber adoptado doctrinas militares y estrategias de seguridad basadas en la existencia de un enemigo interno, que destruyen la distinción básica del derecho internacional humanitario entre combatientes y población civil», y «por haber facilitado la expulsión de millones de personas de sus tierras, ya sea mediante normas legales ya sea mediante la acción de agentes estatales, ya sea mediante la ausencia de reacción ante procesos de expulsión forzada generados por grupos paramilitares».
Actualmente, Colombia es uno de los países del mundo con más desplazados internos, según la agencia para los refugiados de la ONU, el Acnur.
Además, el tribunal condenó a los sucesivos Gobiernos colombianos «el componente de racismo institucionalizado que denota la especial victimización de las comunidades indígenas y afrodescendientes, en todo tipo de crímenes y especialmente en el desplazamiento forzado, que se ha producido de manera desproporcionada entre esos grupos de población.
Lo responsabilizó «por haber alentado y facilitado la actividad de los grupos paramilitares» y creado «un relato a través de los medios de comunicación basado en el desprestigio, la deslegitimación y la estigmatización de cualquier reivindicación social significativa y de las personas o colectivos que la apoyan, que ha sido a menudo la antesala para los ataques a grupos, comunidades y personas defensoras de derechos humanos».
Este último punto ha sido una de las principales denuncias de muchos manifestantes que en el último mes y medio salieron a las calles en toda Colombia para rechazar la política económica del Gobierno de Iván Duque y fueron enfrentados con una sangrienta represión y acusación o caracterizaciones vinculadas al crimen organizado y organizaciones guerrilleras.
Finalmente, lo condenó «por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en todos los Acuerdos de Paz» firmado con las FARC, otro elemento que ha estado en el centro de masivas protestas en los últimos años, tras cientos de asesinatos de exguerrilleros desmovilizados y de líderes sociales que impulsan su integración en la sociedad y la implementación de los puntos más sensibles del acuerdo, como la distribución de tierras tomadas por la fuerza y de donde se forzó el desplazamiento de familias y comunidades enteras.
Como parte de la sentencia, el tribunal pidió al Estado Colombia que cumpla con todos los puntos del acuerdo de paz, que restituya completamente las tierras a los desplazados internos, que deje de victimizar a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes y tratarlos como enemigos internos.
También exigió disolver todas las estructuras paramilitares y usar el Estado de derecho para juzgar a todos los responsables por estos crímenes de lesa humanidad y de guerra, y este «genocidio» que aún continua, según el fallo.
