Tribunal Militar extiende «encarcelamiento arbitrario» del sindicalista Rubén González
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Para el próximo 20 de febrero fue pautada la audiencia preliminar del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, quien permanece recluido en la cárcel La Pica en Monagas desde el pasado 1 de diciembre cuando se le dictó privativa de libertad.
Pese a ser un civil, la causa es llevada por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control, a cargo del juez capitán Heixon Rafael Pulido, informaron allegados. En dicha audiencia se presentarán los actos conclusivos para determinar si se mantiene o se solicita una revisión de medida para el dirigente sindical.
Aunque el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece un lapso de 45 días para que la Fiscalía presente los actos conclusivos, la audiencia de González se extiende hasta casi finales de febrero.
Rubén González fue detenido la madrugada del 30 de noviembre en una alcabala en Anaco, estado Anzoátegui, tras regresar de una marcha de trabajadores en Caracas, en la que entregaron un documento en Miraflores donde precisamente exigían el cese de la persecución laboral y el respeto a sus derechos y contratos colectivos.
Su aprehensión fue argumentada con un expediente de finales de agosto, en el que se le acusa de agresión a funcionarios militares. El hecho está relacionado al intento de detención que -denunció el sindicato- quiso hacer la Guardia Nacional contra González, cuando celebraban una asamblea de trabajadores en el área de minas de Ciudad Piar.
El secretario general de Sintraferrominera fue imputado por los delitos de ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional. Es de recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de DD HH y el Comité de DD HH de las Naciones Unidas establecen en sus normas que ningún civil debe ser juzgado por la justicia militar, pues se viola el derecho a un juez natural.
Política de persecución
El mismo día de su arresto, un tribunal en Puerto Ordaz dictó privativa de libertad con reclusión en la cárcel El Dorado contra nueve trabajadores de Ferrominera. Sin embargo, el traslado de estos no se efectuó porque presos comunes del recinto penitenciario se opusieron. Permanecen recluidos en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo en San Félix, y aún no se ha fijado la fecha de audiencia preliminar para ellos.
Asimismo, cuatro empleados de Venalum, incluyendo el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de Venalum (Sutrapuval), José Hidalgo, permanecen apresados desde el 14 de diciembre, cuando la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) realizó un operativo tipo comando en el área de colada de la empresa. El 18 de ese mes, el tribunal dictó privativa y reclusión en La Pica. No obstante, tras mediación con el presidente de la industria, Pedro Tellechea, no fueron trasladados y permanecen en la sede de la Dgcim en Puerto Ordaz.
Todas estas detenciones se dieron en el marco de una serie de protestas de los trabajadores, en reclamo por las desmejoras salariales y el irrespeto a sus contrataciones colectivas, luego que Nicolás Maduro aumentara en agosto de 2018 el sueldo mínimo a Bs. 1.800 y las empresas no ajustaran las tablas salariales en función de la antigüedad y la meritocracia. Denunciaron que desde entonces desconocen cuánto devenga cada uno, además de incumplirse los distintos niveles de pago según antigüedad, cargo y profesionalización.
Como parte de las retaliaciones contra la dirigencia sindical, recientemente la Intersectorial de Trabajadores de Guayana denunció la aplicación de jubilaciones de oficio en las empresas básicas, específicamente para los dirigentes sindicales Rubén González y Ramón Gómez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de CVG (SunepCVG).
Con información de Correo del Caroní
