Uno de los españoles torturados es Juan Manuel Carrasco, que denunció haber sido violado por un agente de la Guardia Nacional Bolivariana con el cañón de un fusil tras su detención en 2014 en la ciudad de Valencia, capital del estado norteño de Carabobo.
Los otros dos hispanovenezolanos torturados, de los que la organización no quiso revelar la identidad, fueron detenidos en Caracas. Uno recibió descargas eléctricas en todo el cuerpo, además de diversos golpes y amenazas. Al otro lo rociaron con gasolina y le dijeron que lo quemarían vivo, lo golpearon con bates y las culatas de armas, y le cubrieron la cabeza con bolsas de plástico hasta perder el conocimiento, entre otras acciones.
En los tres casos los arrestos se produjeron en torno a las protestas que en febrero de 2014 acabaron con dos personas muertas y por las que se condenó a cerca de 14 años de prisión al líder opositor Leopoldo López, acusado de instigar la violencia desatada.
Según explicó a ABC la directora ejecutiva del Instituto Casla, la abogada venezolana Tamara Suju, lo más grave de esas torturas «es la vileza, el ensañamiento y el goce con los que las realizan». Quienes las perpetran, afirma, «quieren ser ascendidos o condecorados por ser los más malos, los que pegan más duro y torturan peor».
Protestas recientes
Suju advierte, además, de que en las manifestaciones de los últimos días hay ya más de 180 detenidos, de los cuales algunos denuncian torturas. «Es decir –señala–, que a pesar de las denuncias internacionales, el Gobierno no para, porque a una dictadura no le importa cómo contiene a la población descontenta, lo que le importa es permanecer en el poder, y sigue haciendo un uso desproporcionado de la fuerza».
La solicitud de investigación de los tres casos de españoles torturados fue entregada ayer por Tamara Suju al coordinador del Intergrupo de Derechos Humanos del Senado, el popular Dionisio García Carnero, que trasladará la petición al resto de integrantes. El asunto se analizará en la próxima reunión de esta entidad parlamentaria tras la Semana Santa, explicó García.
«Pido que a través de sus buenos oficios, después de que estudien lo que les presento, vayan a las instituciones españolas respectivas a pedir que se investigue a los funcionarios del Gobierno venezolano», porque estos tres torturados «son ciudadanos españoles también», explica Suju.
La defensora de los derechos humanos venezolana tenía previsto comparecer el pasado jueves ante los miembros del Intergrupo, pero un problema con su vuelo se lo impidió. Ayer aprovechó que comparecía en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, para presentarle a él también el documento.
La letrada apuntó que podría entregarle la denuncia igualmente a la Defensora del Pueblo y a la Fiscalía. En cambio, «no perdería el tiempo» llevándoselo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, miembro de los mediadores del fallido diálogo promovido por Unasur, que a su juicio solio dio «oxígeno a la dictadura venezolana». «No he escuchado a Zapatero pedir la libertad de todos los presos políticos, ni hablar de torturas y violaciones graves de derechos humanos», lamentó.
Casos concretos
Uno de los españoles torturados, según el instituto Casla, es un joven detenido en Caracas en 2014 con 21 años que recibió por parte del Sebin ( Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) descargas eléctricas «en todas las partes del cuerpo, una y otra vez», explica a ABC su propia madre. Como a otros detenidos junto a él, se le envolvió la cabeza con bolsas de plástico rociadas con insecticida y gasolina y se la introdujeron en cubos de agua «hasta que prácticamente no podía respirar y desfallecía», continúa.
Asimismo, asegura que los arrestados fueron encerrados en grupos de más de siete personas en celdas de 1×1 ó 1×2 metros, sin baño y a oscuras, y «los ponían escuchar cómo torturaban a cada uno de sus compañeros». Fueron atados, golpeados con bates y torturados psicológicamente, asegurándoles que se había violado o matado a sus familiares, agrega. «Y eso fue constante, las 24 horas, sin poder dormir ni comer», señala la madre. Pero los padecimientos del joven y de sus allegados no habría quedado ahí, sino que al denunciar lo sucedido empezó una «persecución constante», con las fuerzas de seguridad presentándose constantemente en la casa.
Por su parte, Juan Manuel Carrasco contaba 21 años cuando denunció en 2014 haber sido violado por un agente de la Guardia Nacional Bolivariana con el cañón de un fusil. Este joven hispanovenezolano había sido detenido de noche en la urbanización El Trigal de Valencia, capital del estado Carabobo, durante un enfrentamiento entre manifestantes y militares. Según la denuncia ante el Tribunal de La Haya, también fue golpeado brutalmente, amenazado varias veces de muerto y amedrentado con perros.
Así mismo, un joven de 20 años detenido en Caracas hace tres años recibió por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), según la denuncia del Centro de Estudios y Análisis para América Latina (Casla), «golpes con objetos contundentes en todo el cuerpo», «descargas eléctricas», así como «bañado con gasolina» y «amenazado con quemarlo o matarlo en varias oportunidades». También fue esposado de rodillas durante horas, «pisándole y brincándole los pies».
